Los enfermos que requieran tratamientos de larga duración pagarán un máximo de entre seis y sesenta euros al año, en función de la renta, por los desplazamientos no urgentes que tengan que realizar en ambulancias.
Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad, Ana Mato, en rueda de prensa tras el pleno del Consejo Interterritorial, en el que se ha analizado la aportación de los usuarios en las prestaciones de la cartera suplementaria, como el transporte no urgente, el catálogo ortoprotésico y los productos dietéticos.
En concreto, Sanidad ha planteado que en el caso de los tratamientos periódicos superiores a seis meses, los enfermos hagan unas aportaciones que la ministra ha calificado de «simbólicas»: seis euros anuales para las rentas inferiores a 18.000 euros; doce para quienes ganen entre 18.000 y 100.000, y 60 para rentas superiores.
La ministra ha reconocido que el tramos de renta de 18.000 a 100.000 euros establecido en las aportaciones de los usuarios para las prestaciones de la cartera suplementaria es muy amplio, por lo que previsiblemente se contemplará uno intermedio.
Al fijar esta aportación «simbólica» por parte de estos pacientes para el uso de las ambulancias, Sanidad ha recogido las líneas generales de la propuesta de la asociación de enfermos renales ALCER, que los consejeros de Sanidad del PSOE sin embargo han considerado limitada e injusta ya que han exigido que se retiren todos los copagos para el transporte sanitario.
El resto de usuarios, como norma general, tendrán que abonar 5 euros por trayecto, aunque se establecen unos límites mensuales y semestrales para la aportación del paciente en función de su renta.
Los asegurados o pensionistas y sus beneficiarios con una renta igual o superior a 100.000 euros pagarán un máximo de 60 euros mensuales; los que perciban entre 18.000 euros o 100.000 tendrán un límite de 20 euros al mes, y quienes ganen menos de 18.000 euros sólo abonarán como máximo 10 euros al mes.
Estarán exentos de pagar el servicio de ambulancia los afectados por el síndrome tóxico, los discapacitados, las personas con rentas de integración social y con pensiones no contributivas, además de los parados que no cobren ningún tipo de prestación.
Mientras, la aportación de los usuarios para las prótesis externas, las más costosas, como las sillas de ruedas, será del 10 por ciento con un límite de 20 euros por prescripción.
Para el resto de productos, la aportación será la normal en función de la renta: hasta 18.000 euros al año, el 40 por ciento con un límite de 30 euros por prescripción; para rentas de entre 18.000 y 100.000 euros, el 50 por ciento con un límite de 40 euros por prescripción.
En cuanto a los productos dietoterápicos, la aportación será reducida para los pensionistas y los enfermos más graves. Será de un 10 por ciento hasta un límite máximo por envase, que variará según el tipo de producto.
Para los productos destinados a los alérgicos e intolerantes a las proteínas de la leche de vaca, la aportación del usuario será la considerada estándar en función de la renta.
Además, durante el Consejo, Sanidad ha planteado a las comunidades un informe elaborado por expertos de sociedades científicas sobre la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud en tres áreas: la reproducción asistida, los cribados neonatales e implantes oftalmológicos.
La ministra ha considerado necesaria esta actualización de la cartera común porque llevaba seis años sin revisarse y lo ha hecho bajo criterios de calidad y seguridad de los pacientes y de eficiencia organizativa.
Respecto a la reproducción asistida se establecen criterios como la edad (40 años al inicio del tratamiento para las mujeres; 55 para los hombres) y el número de ciclos, que varía en cada técnica.
También, según Sanidad, se establecen requisitos como que la pareja no tenga ya hijos comunes sanos y que no se hayan sometido previamente a una esterilización voluntaria.
Respecto a los cribados neonatales, en el informe se contempla para cinco enfermedades: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, MCADD, fibrosis quística y anemia falciforme.
Pero se estudiará la futura inclusión de otras cinco patologías una vez terminados los estudios, según Sanidad.
Asimismo, se ha actualizado el catálogo de implantes oftalmológicos, como lentes oculares para determinadas patologías o dispositivos para ser implantados con lentes intraoculares, incluidos en la cartera común de servicios.
Ahora los consejeros tendrán un plazo de dos meses para analizar el informe y hacer sus aportaciones, aunque de momento los de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE ya han mostrado su rechazo porque el Ministerio, como han señalado la consejera andaluza y el asturiano, ha aplicado la política del «rodillo».