Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado con el único apoyo del PP y el rechazo del PSOE la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que fija un techo de gasto encaminado al cumplimiento de los objetivos de déficit.
La aprobación de esta ley -en el último pleno del periodo de sesiones antes de la Navidad, donde también se han aprobado los presupuestos de 2013 y se debate la supresión del sueldo de los diputados- supone la adecuación a la nueva normativa presupuestaria aprobada por el Gobierno central y a las obligaciones de la Unión Europea.
Entre otras novedades, el texto aprobado incluye un Fondo de Contingencia (de 5,5 millones de euros en el caso de 2013) para atender a gastos imprevistos no presupuestados y un Fondo de Reserva para Deuda para disminuir el endeudamiento neto de la comunidad autónoma.
Además, introduce nuevos mecanismos de seguimiento y control, entre ellos, la elaboración de un informe en el que se recogerá el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en los presupuestos y que se presentará en las Cortes regionales antes del 1 de abril.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha defendido la aprobación de la ley para garantizar los servicios públicos básicos como la sanidad y la educación.
A través de la ley de estabilidad presupuestaria, ha asegurado la presidenta, «siempre se van a garantizar unos presupuestos de la verdad, de la transparencia, de la austeridad, de la eficacia, de la eficiencia y de las soluciones», calificativos con los que ya cuenta, ha afirmado, los presupuestos de la comunidad de 2013 aprobados ayer.
Cospedal ha reconocido que quizás la aprobación de los presupuestos para 2013, un 10 por ciento inferior a los de este año, y de la ley de estabilidad presupuestaria «no supone el ejercicio de acción política más agradable, simpática o popular», pero ha asegurado que «es el momento» de trabajar por todos los ciudadanos y no por el interés político.
Por su parte, el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha enumerado los principios que recoge la ley y que son la sostenibilidad, solidaridad, confianza, garantía de los servicios sociales básicos, impulso de la economía y autonomía.
El texto normativo aprobado, ha explicado el consejero, afecta a todos los organismos y entidades que dependen del Gobierno de Castilla-La Mancha, además de a este, que tendrán que cumplir estos principios.
En el caso de que no los cumplan, la nueva ley desarrolla mecanismos para que el Ejecutivo autonómico pueda exigir responsabilidades a «quienes causen perjuicio a Castilla-La Mancha».
«Se trata de garantizar que el sistema funcione, pero que funcione hoy y también mañana, no comprometer el mañana», ha afirmado Romaní, que ha criticado la gestión del anterior Gobierno socialista, que en los últimos cuatro años presupuestó 2.000 millones de deuda y necesitaron 8.000 millones.
Sin embargo, el diputado socialista José Molina ha criticado que ayer, cuando comenzó el pleno de las Cortes, se aprobaron «unos malos presupuestos para Castilla-La Mancha» y hoy esas cuentas «se transforman en un texto legal».
A juicio de Molina, la política del PP «sólo interesa a los mercados y a los bancos alemanes», mientras que para los ciudadanos sólo generan «más desempleo, más ruina, más sufrimiento y más recesión».
Ha criticado que no se incentive el crecimiento económico y ha rechazado que no se haya adoptado la enmienda presentada por su grupo, junto con otras veinte que han llegado vivas al debate, para crear un fondo de acción social que se nutriría de la creación de nuevos impuestos a compañías de residuos radiactivos, entidades de créditos y rentas más altas.
«Su política económica no funciona», ha subrayado el diputado socialista.
Pero el parlamentario del PP José Manuel Tortosa, encargado de defender el dictamen, ha subrayado que la aprobación de esta ley «supone un paso más» para avanzar en el rigor de las cuentas públicas y, con ello, garantizar la prestación de los servicios sociales básicos, la sanidad y la educación.
El cumplimiento de los objetivo del déficit (1,5% del PIB en 2012 y 0,7% en 2013) «no es un objetivo en sí mismo», ha afirmado Tortosa, «sino tan solo un instrumento para garantizar el estado del bienestar».
De esta forma, ha señalado que la ley de estabilidad presupuestaria es «una alternativa a las políticas del PSOE», basadas en el déficit, algo que «obliga al endeudamiento, ahogan a los proveedores y desincentiva la inversión».