El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia contra el decreto del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema.
En un comunicado de prensa, la plataforma ha avanzado que este lunes ha recibido la notificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la admisión a trámite del recurso contra el último decreto de dependencia publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en enero de 2019.
El decreto dictado por el TSJCM, consultado por Efe y ante el que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días, requiere a la Consejería de Bienestar Social que le remita el o los expedientes administrativos relativos al decreto de dependencia en el plazo de 20 días.
La plataforma ha lamentado que haya tenido que volver a acudir a los tribunales para «salvaguardar» sus derechos y recurrir un decreto que, «después de cuatro años cociéndose», se articuló «sin consultar» al colectivo al que iba dirigido y conteniendo aspectos «muy lesivos» para las personas en situación de dependencia, ha criticado.
Además, ha afeado que esto ocurra porque un Gobierno regional, en su opinión, «intenta hacer política» con un colectivo al que cree «débil» pero que, en cualquier caso, se defiende ante situaciones que considera «sangrantes e injustas».
Ha recordado que también recurrió ante el TSJCM el decreto de servicios y prestaciones en dependencia del anterior Ejecutivo del PP y que ganó con una sentencia que le obligaba a «doblar el brazo» ante las personas dependientes de esta comunidad autónoma.
Por otra parte, la plataforma ha hecho hincapié en que la admisión a trámite del recurso coincide con el informe presentado por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), que recoge que Castilla-La Mancha es la región que menos invierte en dependencia en toda España con solo 1.128 euros por dependiente al año.
Para la plataforma, esto confirma lo que lleva denunciando durante mucho tiempo, que Castilla-La Mancha ha implementado un servicio en dependencia «de bajo coste» y «muy lejos de las necesidades reales del colectivo», ha concluido.