El 31 de enero Javier Rial y Yolanda Bueno, una pareja de Villafranca de los Caballeros (Toledo), iniciaban en las puertas de la Delegación de Bienestar Social de la capital regional una acampada para pedir poder ver a su hija de tres años de la que no saben nada «desde hace 254 días», tal y como ha contado el padre a encastillalamancha.es, quien además también ha comenzado una huelga de hambre.
La problemática de este matrimonio se remonta al 22 de septiembre de 2010, fecha en la que técnicos de la Junta se llevaron de su domicilio a sus cinco hijos con diversas acusaciones de por medio. Desde entonces han podido encontrarse con ellos una hora cada mes, salvo con la más pequeña a quien -según sostienen los padres- ha estado en acogimiento familiar y la intentaron abrir expediente preadoptivo en abril de 2012, trámites que fueron paralizados por el juez en el mes de noviembre.
En total llevan 254 días sin ver a la menor y sin conocer nada de su paradero. Con su acción lo que piden es poder verla y saber de ella, no recuperar a sus hijos pues están convencidos de que en el juicio pendiente se los devolverán.
Mientras tanto acusan a los responsables de la Junta de Comunidades de estar mintiendo a sus hijos, de cohibirles en las visitas, de abuso y de «violencia institucional».
Ambos permanecen a la espera de que en febrero les hagan las exploraciones psicoforenses que deberán determinar su estado y que serán presentadas como pruebas en el posterior juicio. «Son unas exploraciones que pedimos nosotros por voluntad propia y que Bienestar Social procuró que no se llevasen a cabo; al final el juez también nos ha dado la razón en esto y podremos realizárnoslas los días 27 y 28 de febrero», afirmaba Javier. Tiene la esperanza puesta en que el juicio se celebre poco después y la confianza en que los niños puedan volver a casa pues «con independencia de que las acusaciones de la Junta sean ciertas o falsas, nuestra situación ha cambiado».
Denuncian el retraso del juicio que «están provocando los responsables de Menores» y señalan que lo único que les queda por hacer es dar a conocer a la opinión pública su caso porque «estamos acorralados».
Esta tarde está prevista una rueda de prensa en la Consejería de Sanidad para, entre otros asuntos, abordar este tema.
«ESTÁ EN JUEGO LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES»
Preguntada por este caso, la directora general de Familia, Menores y Promoción Social de Castilla-La Mancha, Silvia Valmaña, ha indicado que, debido a la protección de los menores que están bajo tutela de la Junta no puede ofrecer datos al respecto pero que, no obstante, «mi confianza está puesta en la intervención de los técnicos en cuanto a su protección».