La alcaldesa de Solana del Pino (Ciudad Real), Juliana Duque, ha insistido hoy en su propuesta de consultar a los vecinos la anexión de esta localidad a Andalucía, ante las deudas que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene con este Ayuntamiento.
Según ha informado hoy en rueda de prensa, el Ejecutivo regional aún adeuda 321.000 euros, pues ayer recibió, según la regidora, 21.000 euros en concepto de ayuda a domicilio.
La alcaldesa de Solana del Pino ha incidido en su idea de elaborar una consulta popular tras las fiestas navideñas para que los 510 vecinos decidan sobre el futuro de la localidad al «haber perdido ya la fe en el Gobierno regional».
«Peor no vamos a estar», ha lamentado.
A su juicio, Solana del Pino está sufriendo un «castigo intencionado por estar gobernado por el PSOE», ha advertido.
Ha reconocido que la protesta de anexión a Andalucía fue una «llamada de atención» y «una forma desesperada de solicitar auxilio» porque, según ha alertado, el Ayuntamiento no puede pagar ni el combustible para la calefacción del colegio ni las nóminas de los trabajadores.
Aún así, ha anunciado que en los próximos días estudiará con técnicos y expertos la viabilidad de una futura anexión a otra comunidad autónoma, pues según ha apuntado ya ha habido otros casos en la historia de España.
A raíz de la deuda del Consistorio, Duque ha desvelado hoy que el secretario del Ayuntamiento de la localidad denunció, como acusación particular, al anterior equipo de gobierno, del PP, por «malversación de fondos».
La regidora ha recordado que el informe del Tribunal de Cuentas de Castilla-La Mancha ha destapado «graves irregularidades» en la anterior gestión municipal que están siendo estudiadas en los juzgados.
En este sentido, ha explicado que cuando tomó posesión de su cargo en 2007 se encontró un Ayuntamiento «caótico, con papeles por el suelo y sin libro de registro ni documentación».
Tras la petición de una auditoría, se halló un fondo de inversiones de 134.000 euros que fueron aportados, según Duque, «con dinero público» y la retirada de 25.600 euros de una cuenta «sin las firmas mancomunadas correspondientes».