Los servicios jurídicos del PSOE de Castilla-La Mancha están ultimando el recurso de inconstitucionalidad que presentarán ante el alto tribunal contra la supresión de los sueldos de los diputados de las Cortes regionales.
Así lo ha dicho en una rueda de prensa a preguntas de los periodistas la diputada socialista autonómica por Toledo, Milagros Tolón, quien ha precisado que tienen ya preparado el contenido del recurso y que esta semana se reunirá el Grupo Parlamentario para decidir cuando lo presentan ante el Tribunal Constitucional.
El recurso lo están preparando los servicios jurídicos del PSOE de Castilla-La Mancha y no los de este partido a nivel nacional, ya que «aquí tenemos gente muy preparada y especializada», ha concretado la parlamentaria socialista.
Desde el pasado 1 de enero, los diputados de Castilla-La Mancha cobran unos 1.555 euros al mes, 955 de indemnización fija y unos 600 euros de dietas, frente a los 3.650 euros con los que contaban hasta el momento de salario mensual fijo.
Solo cobrarán sueldo siete diputados, los cinco de la mesa y los dos portavoces de sendos grupos parlamentarios, PP y PSOE, los únicos partidos con representación en la Cámara Autonómica, para lo cual se ha tenido que modificar el reglamento de las Cortes.
El PSOE viene insistiendo en que la retirada del sueldo de los diputados tiene como «único objetivo» mermar el control de la oposición al Gobierno de la presidenta María Dolores de Cospedal, ya que no dispondrán del suficiente tiempo al tener que compatibilizar su tarea parlamentaria con otros empleos, aunque algunos no lo tienen.
Por su parte, tanto el Gobierno regional como el presidente de las Cortes Regionales, Vicente Tirado, inciden en que el objetivo es dar «ejemplo» de austeridad y de solidaridad con los ciudadanos, ya que la medida supondrá un ahorro de 1,1 millones de euros a año.
Esta situación ha motivado que los diputados que tenían su puesto de trabajo estén solicitando su reincorporación a sus antiguos empleos, aunque en algunos casos no lo tienen.
En aquellos casos en que los diputados regionales son también alcaldes han optado por solicitar su liberación para las tareas municipales y cobrar así de las arcas de sus consistorios, tal y como ya ha hecho el regidor de Seseña, Carlos Velázquez, que cobrará unos 40.000 euros anuales.