Tras conocerse el coste del despacho de José Bono para las arcas regionales durante todo el 2012, estimado en 160.000 euros, desde CSIF se critica que se solicitara en dos ocasiones por escrito, al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, e incluso a la propia Presidenta (remitimos documento), a raíz de la rectificación sobre Barreda, si se mantenían los privilegios a José Bono en su calidad de expresidente de la región castellano-manchega.
El sindicato afirma en un comunicado de prensa que en ambas ocasiones «no se atendió la solicitud requerida y se ocultaron los datos que ahora ha dado a conocer un diario nacional, para escarnio del Gobierno regional, que ha ocultado conscientemente información y para los cantos de sirena a favor de la transparencia y la información pública, algo que ha quedado en entredicho con las retribuciones ahora conocidas favoreciendo a determinadas personas afines a José Bono».
El que fuera ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, acaba de publicar un libro de memorias titulado «Bono, les voy a contar», aunque «parece que no ha decidido contar todo sobre sí mismo, o al menos no todo aquello que podría interesarle a sus lectores».
El la nota aseguran que «la connivencia entre José Bono y el actual gobierno de Castilla-La Mancha que nos ha ocultado deliberadamente que el Ejecutivo regional soporta los gastos de mantenimiento de una oficina de José Bono en Toledo, dotada de dos secretarias, un chofer, coche oficial y un despacho en la capital de Castilla-La Mancha».
CSIF pidió el 7 de agosto y el 28 de septiembre explicaciones al Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas sobre los entonces supuestos, y ahora conocidos, privilegios del expresidente, en base a los nombramientos aparecidos en el DOCM de 4 de mayo de 2012, más cuando el propio José Bono había declarado públicamente su expresa renuncia a cualquier tipo de privilegio de dispensa especial.
Desde el sindicato se critica que se haya conocido la denominada «Secretaría de apoyo», de José Bono, en un momento en el que se mantienen las rebajas salariales de los empleados públicos, se reduce el sueldo de los diputados regionales, se destruye empleo y se habla de austeridad cuando se incumplen los compromisos y se beneficia a los de siempre.
INFORME DEL DESPILFARRO
Desde CSIF ya se presentó un informe exhaustivo en agosto del pasado año sobre el despilfarro en las administraciones públicas donde se hacía alusión al mantenimiento del puesto de conductor del ex presidente y de su secretaria, que ahora se ve agravada por el puesto de otra secretaria más, según la información conocida.
También critican las declaraciones de la consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, hablando de «privilegios feudales», cuando «su propio Gobierno ha dotado una partida económica en los presupuestos para ese fin, denegando información al sindicato mayoritario de los empleados públicos cuando la han solicitado. Tenemos que recordar que a los funcionarios no se les ha pedido renunciar a ninguna paga extra, ni al 3 por 100 de su sueldo, ni a la reducción aplicada por el anterior gobierno socialista. Simplemente han cambiado la ley y nos lo han impuesto».
Desde CSIF, por tanto, se califica de muy grave el hecho de que se mantenga ciertos privilegios a determinadas personas como José Bono, que «además ha declarado en una televisión nacional que a él la crisis no le afecta, lo que puede entenderse si consideramos que con dinero público se pagan su chofer, su coche oficial, y sus secretarias, que seguro le habrán ayudado (tal y como confirma en su libro), a redactarlo y cobrar un suculento cheque para su publicación».
CSIF exige una explicación pública del gobierno de María Dolores de Cospedal, y la asunción de las correspondientes responsabilidades ante la falta de respuestas a los requerimientos del sindicato, dirigida al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas en agosto y septiembre del pasado año.