lunes, 25 de noviembre de 2024
"Por la criminalización de la protesta ciudadana" 09/01/2013junio 13th, 2017

IU de Castilla-La Mancha ha señalado hoy que no descarta interponer una querella contra el delegado del Gobierno en la comunidad, Jesús Labrador, por la «criminalización de la protesta ciudadana» a través de sanciones y denuncias policiales a los asistentes a protestas, según ha denunciado.

En el caso de la provincia de Toledo, la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene abiertos sesenta procesos sancionadores por estos motivos, según ha detallado IU, que ha organizado hoy una jornada de trabajo en Talavera de la Reina junto al coordinador regional, Daniel Martínez, y el diputado de IU en el Congreso, Ricardo Sixto.


Sixto, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Interior, ha indicado que Toledo es junto a Valencia y después de Madrid de las ciudades más afectadas por este tipo de sanciones.

«Es un atropello por parte del Gobierno que interpreta la ley de forma torticera para hacer responsables de una concentración a personas que, simplemente, estaban allí, ejerciendo un derecho individual, y que nada tienen que ver con los convocantes de la misma», ha criticado.

Por su parte, Martínez ha señalado que IU estudia todas las vías legales y judiciales a su alcance para que «el PP abandone esta estrategia de sanciones y multas y sean archivados los procedimientos abiertos».

Esta querella contra Labrador se uniría a la interpuesta por esta formación en Madrid por los mismos hechos.

«IU de Castilla la Mancha estará al lado de todas las personas afectadas, que ejerciendo un derecho personal y constitucional, han salido a la calle contra las medidas injustas de este Gobierno», ha aseverado.

Por su parte, la secretaria de Organización de IU en Talavera, Sonsoles Arnau, afectada por uno de estos procesos sancionadores junto con otras 13 personas de la localidad, ha criticado la Delegación del Gobierno está contestando a las alegaciones presentadas ante las sanciones rebajando la cuantía de las multas, pero «manteniendo las denuncias en los mismos términos».

«Lo hace en un ejercicio de interpretación rocambolesca de la ley y una tomadura de pelo a la ciudadanía que se manifiesta contra las políticas antisociales del PP», ha lamentado.

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