El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha afirmado que «la igualdad real y efectiva se consigue impulsando políticas que contribuyan a que las mujeres alcancen la independencia que les permita decidir libremente y ser dueñas de su presente y su futuro». Una independencia que, a su juicio, se obtiene con la creación de puestos de trabajo dignos y estables.
Para ello, ha asegurado que «el Gobierno regional impulsará políticas para atajar el drama del desempleo, que castiga mucho más a mujeres que a hombres en nuestra región y trabajará para terminar con la injusticia por la que las mujeres perciben menor salario que sus compañeros varones, desempeñando el mismo puesto de trabajo, y para que dejen de ser las más afectadas por la temporalidad en el empleo».
A su juicio, para lograrlo es «condición sine qua non» que las mujeres no sean las grandes olvidadas en materia económica y de empleo.
Durante su intervención en el Pleno de las Cortes, el consejero de Presidencia ha subrayado el «compromiso firme del Gobierno regional para la erradicación total de los malos tratos en nuestra sociedad» y ha recordado el deseo expreso de la presidenta Cospedal de que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha dependiera directamente de la Presidencia de la Junta.
En ese sentido, ha reiterado que «es radicalmente falso que este Gobierno vaya a reducir ni un ápice los servicios de protección a las víctimas de la violencia de género».
Como muestra de ello, Labrador ha destacado que el Consejo de Gobierno ha aprobado la remisión al Consejo Consultivo del Proyecto de Ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, en cuyo artículo 28 se propone la modificación de la Ley 5/2001 de 17 de mayo de prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas.
Según Labrador, dicho artículo se modificará para ampliar los centros de urgencia o casas de acogida a todas las capitales de provincia y municipios con población superior a 20.000 habitantes y no en las de más de 25.000, como estaba establecido hasta ahora, para proporcionar apoyo inmediato o protección a las víctimas de la violencia de género y a sus hijos.
Por otra parte, Labrador ha señalado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto de reordenación del servicio en el que se garantizan todos y cada uno de los ámbitos de la atención a las mujeres, «eso sí, de manera más racional y atendiendo a lo verdaderamente importante».
Según Labrador, «el Gobierno pretende acabar con la desorganización que imperaba hasta ahora en la asignación de recursos a los centros de la mujer».
«Coincidirán conmigo en que merece una reestructuración un servicio que dota a Guadalajara con seis profesionales para un ámbito de cobertura de 123.019 frente a los cinco profesionales con los que cuenta Azuqueca de Henares para atender a 39.911», ha señalado.
Para terminar con estas incoherencias, conferir más racionalidad y optimizar al máximo el servicio de ayuda y protección a la mujer, Labrador ha afirmado que el decreto tiene como principales novedades «la eliminación del sistema actual de adjudicación directa de las subvenciones, la racionalización del servicio -que debe acomodarse a la realidad social de cada una de las poblaciones de Castilla-La Mancha- y la prórroga de los convenios actuales durante el mes de enero, mientras se procede a la resolución del proceso de concurrencia competitiva que vamos a implantar».