Cuarenta años han pasado ya desde que, al inicio de la democracia y con Joaquín Garrigues Walker como ministro de Obras Públicas, se inaugurara el trasvase Tajo-Segura: una obra faraónica de 292 kilómetros que abastece a 2,5 millones de personas y que es cuestionada y aplaudida a partes iguales por la sociedad.
El trasvase -que parte de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en el noreste de Castilla-La Mancha- aporta al PIB algo más de 2.300 millones de euros y, pese a ser uno de los detonantes del progreso y desarrollo económico del sudeste peninsular, sobre todo de Murcia, Alicante y Almería -provincias receptoras del agua-, se ha visto envuelto en polémicas a lo largo de estas cuatro décadas.
Desde Castilla-La Mancha, cedente del recurso hídrico, se buscan alternativas a un trasvase que propicia una «guerra del agua entre regiones», mientras que para las comarcas del Segura, el acueducto ha sido el motor de una de las regiones agrícolas más dinamizadas de Europa.
Luis Garrote de Marcos, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha explicado que, comparando las regiones de España donde se hace agricultura de secano con las de regadío, es evidente que este último ha supuesto un «progreso enorme» para la población rural, de manera que la visión negativa de las obras hidráulicas «no está avalada» por la realidad.
Garrote, experto en ingeniería hidráulica, ha señalado que una de las principales «sombras» del trasvase ha sido la modificación del régimen hidrológico del Tajo, algo común a todos los ríos peninsulares, pero más acusado en la zona de cabecera.
Cuando se planificó la obra, la aportación media en la cabecera del Tajo era de unos 1.200 hectómetros cúbicos (hm3) por año que permitían trasvasar 600 hm3 anuales e incluso hasta 1.000 hm3 al año si la hidrología era favorable, ha detallado.
Pero la realidad no fue así; la aportaciones hidrológicas disminuyeron por el «efecto 80»: una reducción de los recursos hídricos desde 1980, que ha motivado que durante los últimos 15-20 años la aportación media haya sido de unos 800 hm3 anuales frente a los 1.200 hm3 iniciales.
«El proyecto no estaba mal diseñado, se hizo con los datos de entonces, pero el descenso de la precipitación ha motivado menor aportación», ha señalado.
Como hechos a constatar, Garrote ha resaltado una de las grandes «luces» de esta infraestructura: «La gran capacidad de gestión de los usuarios del agua en España», que a pesar de periodos de sequías excepcionales en la península, el acueducto ha funcionando en condiciones muy difíciles.
Para el catedrático, a pesar de que el trasvase ha sido cuestionado muchas veces, la enorme trascendencia económica que tiene en las cuencas receptoras hace que sea muy difícil que, a medio plazo, se pueda modificar la situación actual.
«Sería una decisión de enormes consecuencias», ha advertido, y ha calificado de «lamentable» la inexistencia de un riguroso análisis medioambiental del Tajo que establezca el caudal mínimo para trasvasar.
Hay estudios dentro de la planificación hidrológica del Tajo en Aranjuez -punto crítico de la demanda medioambiental y que determina de forma absoluta la posibilidad de trasvasar- a los que se ha aplicado el mismo análisis que al resto de masas de agua de la cuenca, cuando la gran importancia económica y social del trasvase requiere caudales ambientales más precisos y documentados.
La última palabra sobre esta obra es una decisión política que recae en el titular del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), pero, a su juicio, el acueducto se «podría mantener en una situación como la actual», salvo una nueva modificación desfavorable de las circunstancias hidrológicas a medio plazo.
Para el catedrático, el trasvase tiene un uso secundario con relación a los propios de la cuenca; si la decisión de cara al futuro es incrementar la asignación ambiental, evidentemente iría en detrimento del trasvase.
Por eso, «es muy simplista argumentar que todos los problemas ambientales del río Tajo, particularmente a su paso por Aranjuez, se deban a la detracción de caudales para el trasvase».
En este punto, ha recordado que los problemas del río en ese tramo son fruto de una multiplicidad de factores, y la suspensión del trasvase y el incremento del caudal ecológico por sí solos no resolverían problemas actuales como ocupación de márgenes, vertidos o alteración morfológica del tramo, entre otros.
Otro aspecto relevante es el aumento del tono de las disputas entre detractores y partidarios del trasvase, cuestión esta que se ve con claridad observando la historia de los últimos 30 años.
Hasta finales del siglo XX, la gestión de recursos hídricos eran técnicas y los políticos dejaban a ellos su resolución, pero con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en 2001 el agua se convirtió en un arma política entre los partidos que permitía una rentabilidad en votos electorales.
Hoy el debate tiene una «tremenda carga emocional», tanto en el lado de los que prefieren la protección del medio ambiente como en los que dan prioridad a la explotación económica, y eso nunca es bueno para tomar decisiones, ha concluido Garrote.