Todos, incluidos el PP y el PSOE, reconocen que los Ayuntamientos han sido desde hace muchos años los grandes olvidados del Gobierno central y continúan siéndolo. Pese a ello, «populares» y socialistas, tanto cuando han tenido en sus manos las riendas del poder como desde la oposición, no han tenido el coraje político necesario para regular de una vez por todas la financiación de las más de 8.100 corporaciones locales que hay en España, lo que las ha sumido en la situación de auténtica asfixia económica por la que atraviesan en la actualidad.
De cuando en cuando, los alcaldes de uno y otro signo político se han quejado de esta situación, incluso cuando era su partido el que gobernaba en España. Pero no han tenido éxito en sus reivindicaciones: el PSOE y el PP han ido dando largas a una situación tan grave y posponiendo la adopción de soluciones al problema, por distintos motivos según cada época.
ASUMEN COMPETENCIAS QUE NO LES CORRESPONDEN
Mientras tanto, a medida que ha ido trascurriendo el tiempo los ayuntamientos han tenido que asumir competencias que no les corresponden, ni les financia el Gobierno, para atender a la ciudadanía: ¿Cómo iban a dejar en la cuneta a los inmigrantes, por ejemplo, sin prestarles los servicios sociales que reciben otros vecinos? ¿Acaso no iban a atender el mantenimiento de los colegios públicos -pintura periódica, reposición de mobiliario, gastos de luz o agua…-, a pesar de que no les han dado el dinero necesario para ello?
¿Qué decir de algunas competencias que comparten con las comunidades autónomas, como las ambulancias para urgencias, pese a que no tienen asignado un presupuesto para ese cometido? Desde los tiempos en que gobernaba Aznar, Izquierda Unida viene reclamando al Gobierno que promueva una Ley de Financiación de las Haciendas Locales que afronte y resuelva este problema.
Pero tanto el PP como el PSOE no lo han hecho y ahora, muchos años después, han iniciado conversaciones -solamente entre ambos partidos y al margen del Parlamento- para intentar llegar a un acuerdo que ni siquiera ellos ven fácil. Dicen que quieren lograr un pacto no sólo entre ambas formaciones políticas sino con los demás partidos, al menos con CiU e IU, pero han empezado mal para conseguirlo: en vez de llamar a todos y reunirse para debatir juntos y buscar soluciones, han decidido negociar y pactar entre ellos para, después, pedir a los demás que se sumen a lo que ambos acuerden. Sin duda, tienen un peculiar sentido de lo que es una negociación para buscar el máximo consenso.
IU SE PROPONE ENCABEZAR LA «REBELDÍA» MUNICIPAL
Esta semana, Izquierda Unida ha reunido en el Congreso a sus diputados y senadores, sus portavoces en los parlamentos autonómicos, responsables de sus distintas secretarías y coordinadores de sus federaciones regionales, para abordar este tema. Y, en palabras de Cayo Lara, han acordado que IU va a encabezar «la rebeldía» de los ayuntamientos frente a la «asfixia económica» a la que están siendo sometidos por el Gobierno de Mariano Rajoy, ahora, y antes por los de Zapatero y Aznar.
Según el Círculo de Empresarios, las diputaciones provinciales gastan unos 22.000 millones de euros al año, mientras los ayuntamientos tienen que prestar a la ciudadanía muchos servicios sociales para los que no les dan financiación.
A pesar de este abultado gasto, el PP y el PSOE están de acuerdo en mantenerlas -aunque Alfredo Pérez Rubalcaba planteó el verano pasado que desaparecieran-, mientras proponen eliminar las mancomunidades de municipios, unas organizaciones sin cargos políticos que ofrecen servicios como el de bomberos o recogida de basuras, por ejemplo, a varias corporaciones locales pequeñas al mismo tiempo. Si desaparecen esas mancomunidades, ¿acaso cada uno de esos pequeños municipios tendrá dinero para establecer su propio servicio en esas y otras materias? Obviamente, no.
Los ayuntamientos gastan en la actualidad aproximadamente el 17 por 100 del total del gasto estatal, un porcentaje similar al de hace 25 años, mientras el resto se lo reparten entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo el PP y el PSOE en abordar con los demás partidos parlamentarios esta tremenda injusticia? Si lo hacen, sus votantes, sus respectivos alcaldes y, sobre todo, la ciudadanía, se lo agradecerán; pero, visto lo visto, no hay muchos síntomas para ser optimistas.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz y plural, porque así lo establece la Constitución, tanto procedente de los políticos como de las instituciones u otras fuentes. Por eso, el PSOE de Castilla-La Mancha se ha equivocado al decidir que no participará en más entrevistas o actos informativos de la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. La información no pertenece a un partido, ni tampoco a los periodistas -meros intermediarios para que se cumpla ese derecho constitucional-, sino a los ciudadanos.
Si los socialistas castellanomanchegos consideran que no son tratados como les corresponde en la radiotelevisión pública autonómica, que lo denuncien en las Cortes regionales y en la propia RTVCLM; pero no tienen ningún derecho a privar a la ciudadanía de la opinión del principal partido de la oposición.
El PP decidió en 2007 hacer lo mismo con El País, la cadena Ser y las demás empresas del Grupo Prisa, y se equivocó al hacerlo; el PSOE regional acaba de cometer la misma torpeza y debe rectificar de inmediato por respeto a un derecho que es de la ciudadanía y no suyo.
Estos problemas no surgirían nunca si los gobiernos de turno dejaran las televisiones públicas exclusivamente en manos de los profesionales y no intentaran aprovecharlas con intereses de partido.