El pesimismo se adueña de la clase empesarial castellano-manchega, según ponen de manifiesto las conclusiones del informe «Indicador Horizonte 100» que acaba de presentar la Fundación Horizonte XXII. Las opiniones de los encuestados revelan que todo ha ido a peor en el tercer trimestre del año y creen que en los próximos seis meses también será así, salvo en el crédito.
La situación económica está estancada, el empleo ha ido a peor y la situación y el empleo en sus propios negocios también ha retrocedido en el tercer trimestre del año. Es la principal conclusión del informe que el observatorio empresarial de la Fundación Horizonte XXII elabora cada trimestre y que acaba de presenar su directora, Ana López Casero. En definitiva, el sondeo pone de manifiesto la atonía de la coyuntura económica en la región y la escasa capacidad de reacción frente a la crisis.
Y lo peor es que piensan que para los próximos seis meses también las cosas irán a peor en sus empesas, aunque perciben que habrá una ligera mejoría en el acceso al crédito y la financiación bancaria y también que la situación de Castilla-La Mancha avanzará, aunque sea tímidamente, en el próximo semestre.
El Indicador Horizonte 100 se elabora con encuestas a un centenar de empresarios de toda la comunidad autónoma y en colaboración con Analistas Financieros Internacionales. Las preguntas tienen que ver con su percepción de la economía en el momento de realizar la encuesta y de cara al futuro comparando ambas opiniones en términos de «mejor» y «peor».
En cuanto a la percepción empresarial sobre cómo afrontan la crisis las empresas se registra un fuerte crecimiento con respecto al trimestre anterior del número de empresas que acuden a la reestructuración de su producción y el ajuste del empleo como estrategia para afrontar el profundo estancamiento de la demanda. También destaca el incremento del número de empresarios que optan por afrontar la crisis renegociando las líneas de crédito.
Además, el 65 por 100 de los empresarios encuestados opina que los recortes de la administración autonómica tienen un impacto importante y negativo en su negocio, sobre todo por la dificultad de cobro de las deudas contraídas.