El sindicato CSIF de Castilla-La Mancha ha presentado hoy tres recursos administrativos ante las consejerías de Sanidad, Presidencia y Educación, para reclamar el reintegro de la paga extraordinaria de Navidad de los funcionarios y han advertido de que es un paso previo a la vía judicial.
En un comunicado, el sindicato ha informado de que los recursos administrativos han sido presentados en representación del conjunto de funcionarios de la Junta de Comunidades, con el fin de que la Administración regional reintegre la paga extraordinaria de navidad del 2012, que fue eliminado por Real Decreto Ley.
En este recurso, el sindicato solicita que se dicte una resolución por la que se anule el acto administrativo y se reconozca el derecho de los funcionarios y personal estatutario a percibir íntegra la paga extra de diciembre de 2012 o que, subsidiariamente, la parte proporcional correspondiente a los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 al 14 de julio de 2012, fecha en que se publicó el decreto ley en el BOE.
Los recursos presentados por el sindicato mayoritario de la función pública se realiza vía administrativa como paso previo a la vía judicial, por su condición de funcionarios.
En este segundo supuesto, se presentará una única reclamación en los tribunales, para que, en el caso de que se produjese una condena en costas, los gastos sean asumidos por el sindicato.
Si por el contrario, la sentencia fuese favorable, CSIF exigirá una extensión de la sentencia, para que sea de aplicación para el conjunto de los empleados públicos.
En el caso del personal laboral, desde el sindicato de planteará la declaración de un conflicto colectivo.
El sindicato ha añadido que la tramitación de estos recursos también serán presentados en el Ayuntamiento de Toledo y en la Diputación de Toledo.
El CSIF ha argumentado en sus recursos que la eliminación de la paga extra no respeta el derecho constitucional de negociación colectiva, porque «altera unilateralmente lo pactado entre las partes en un pacto o convenio colectivo».
Además, ha calificado la norma de «claramente anticonstitucional» porque, a su entender, no cumple con los requisitos de urgencia y necesidad que exige la Constitución para esta norma.
Así, ha señalado que el decreto, que entró en vigor el 15 de julio, modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 29 de junio, que incluía la paga extra de los empleados públicos.
El sindicato denuncia, de este modo, que el decreto entró en vigor quince días después, por lo que los representantes de la función pública consideran que no podían existir razones de urgencia para adoptarlo porque la situación económica era la misma solo quince días antes.