«El Tribunal Superior de Justicia ha decidido la suspensión cautelar sin oír a la parte contraria», que es la Junta de Comunidades.
Así ha comenzado el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Ignacio Echániz, su comparecencia ante los medios de comunicación tras conocerse el auto del organismo judicial que ha suspendido de forma cautelar la decisión del Gobierno de María Dolores de Cospedal de cerrar las Urgencias nocturnas en 21 de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de la región.
Echániz ha recalcado que nada más conocer la decisión del tribunal, «el Sescam ha paralizado la implantación de los nuevos horarios, porque somos una institución que respeta las decisiones judiciales, que cree en la separación de poderes y que respetamos la decisión aunque no la compartamos».
De hecho, el consejero ha matizado que el TSJ «no entra en la cuestión de fondo. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es recopilar todos los datos técnicos que avalan nuestra decisión porque seguimos teniendo el convencimiento de que hemos obrado bien y que no es una decisión perniciosa para los ciudadanos».
Ha recalcado que él es médico «y conozco las necesidades del ámbito rural. Por eso hemos decidido colocar los recursos que tenemos allí donde pueden ser más útiles para los ciudadanos. Es más, la mitad de las comunidades autónomas han adoptado también estas medidas. Cataluña, por ejemplo, cerró el año pasado las Urgencias nocturnas en 60 de sus 140 centros; y Andalucía las cerró en centros de seis de sus ocho provincias, como por ejemplo en Churriana, Riotinto, Écija, Pozoblanco o Jerez, por citar algunos ejemplos».
De ahí «que nos sorprenda que sólo en Castilla-La Mancha se haya decidido suspender esta medida».
«NO ES UNA MEDIDA QUE EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA HAYA TOMADO DE FORMA ESPONTÁNEA»
El consejero ha insistido una y otra vez en que ésta no es una medida que el Gobierno regional «haya adoptado de forma espontánea, porque una sanidad moderna es así, tiene que responder a los ciudadanos con los recursos más útiles de los que dispone».
Ha llegado incluso a decir que «no podemos seguir atendiendo a los pacientes con recursos que valían el siglo pasado pero ahora ya no. Tenemos que colocar el poco dinero que tenemos en los sitios más útiles para el paciente. Y, por supuesto, la decisión no responde a criterios políticos, sino técnicos.
Ahora tienen un plazo legal de tres días para presentar esos informes al TSJ y éste decidirá si la suspensión cautelar se convierte en definitiva o si da la razón al Gobierno regional.
En el caso de que no sea así, el plan B sería, ha matizado Echániz, muy claro: «yo tengo un presupuesto, pero si hay que dárselo a los lugares menos rentables habrá que quitárselo a los más rentables».
Y ha vuelto a insistir en que se han modificado unas Urgencias y no otras «porque tiene sentido al tener más gente atendida, tienen una utilidad más razonable, pero mantener recursos en sitios donde se utilizan poco o nada es una mala praxis que no nos podemos permitir».
Entiende que algún responsable municipal puede sentirse herido con la decisión adoptada por el Gobierno, «pero lo hacemos porque las frecuentaciones en los centros son más bajas que, por ejemplo, en el del municipio de al lado. Pero siempre tendrán la posibiliad de contar con una UVI móvil que llegue justo hasta la cama del paciente».
Las alegaciones contarán con las mediciones oportunas de distancias entre centros, «mediciones que hemos hecho con la cartografía nacional, no con Google, como han dicho algunos. Llevamos trabajando en esto durante un año y medio y no hemos dejado a nadie sin asistencia, porque hemos situado 19 ambulancias en el total de los municipios donde se ha reducido el horario de las Urgencias».
Ha terminado su comparecencia diciendo que la Sanidad del siglo XIX «no puede ser la del siglo XXI. Cambia, como cambian tantos elementos de la sociedad. Hay recursos más útiles ahora que los del pasado».