Las negociaciones de los partidos para que se constituya el nuevo Gobierno de España, y también los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares de Canarias y gobiernos autonómicos, demuestran que algunos políticos no asistieron a clase el día que su profesor explicó en qué consiste ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. La ciudadanía ve que hay dirigentes de partidos -unos más que a otros, eso sí- a quienes no les importa decir hoy una cosa y mañana la contraria con tal de conseguir más cargos públicos o sillones con mando, aunque lo niegan.

Ciudadanos y su líder, Albert Rivera, se llevan la palma y, si esto fuera una competición, la ganarían. Pero no son los únicos, porque el espectáculo que están protagonizando unos y otros en las últimas semanas ofrece muchos y muy lamentables ejemplos de contradicciones.

El Estatuto de Autonomía de Madrid indica que el Reglamento de su Asamblea (el Parlamento autonómico) establecerá, entre otras cuestiones, que se debe determinar «la composición y funciones de la Mesa, las Comisiones y la Diputación Permanente, de manera que los grupos parlamentarios participen en estos órganos en proporción al número de sus miembros».

Entra Vox, con menos escaños y votos que Más Madrid

Rivera y sus diputados autonómicos madrileños no han respetado esa disposición y se la han saltado a la torera: con tal de lograr más puestos con poder (lo que se traduce en más dinero y más personal a su servicio pagado con fondos públicos), no han tenido inconveniente en olvidarse de la proporcionalidad exigida y han hecho posible que cinco de los siete puestos de la Mesa los ocupen los tres partidos de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) y dos el PSOE. Curiosa proporcionalidad.

Hasta ahora, todos los grupos de esa Cámara estaban en ella. Pero, gracias a lo pactos de la derecha -tan legítimos como los de la izquierda-, Más Madrid (el partido que encabeza Íñigo Errejón) se ha quedado fuera de ese órgano de gobierno de la Asamblea pese a que en las elecciones autonómicas obtuvo 20 diputados y el 14,6 por 100 de votos mientras Vox logró 12 escaños y el 8,8 por 100 de votos. Unidas Podemos, con siete escaños y el 5,5 por 100 de votos, tampoco ha entrado.

En las vísperas de esas votaciones, el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, se reunió con la número uno de Vox en Madrid, Rocío Monasterio -sin avisar a los periodistas para que no les fotografiaran juntos, porque los naranjas siguen negando cualquier relación con el partido de Santiago Abascal pero ahí está la famosa foto de la plaza de Colón con los líderes de las tres derechas-, y dijo que era un encuentro informal para conocerse y tomar un café, no para negociar. Al día siguiente, el partido de Rivera logró la presidencia y una secretaría en la Mesa de la Asamblea de Madrid y Vox otra vicepresidencia. Además, a cambio de esa supuesta ausencia de negociación con Vox, la Comunidad de Madrid estará presidida -salvo que se produzca algún cambio casi milagroso de última hora- por Isabel Díaz Ayuso (PP), quien ha demostrado, con numerosas y sorprendentes declaraciones, una torpeza que la hace aparecer como incapacitada para desempeñar tan importante cargo. Y esos dos partidos siguen negociando para ver quién presidirá el Ayuntamiento de la capìtal, donde ganó Manuela Carmena (Mas Madrid).

Ciudadanos permite que el PP siga en Castilla y León, a cambio de tener más cargos

Igual de sorprendente ha sido lo que ha hecho Ciudadanos en Castilla y León. Su líder en esa comunidad, Francisco Igea, se ha hartado de decir que el PP no podía seguir gobernando allí porque lleva 32 años ininterrumpidamente y el partido naranja quiere una regeneración democrática de la vida política. Pero, finalmente, ha aceptado que el Partido Popular siga en la presidencia -aunque a quien ocupará ese puesto, Francisco Fernández Mañueco, le relacionan con la investigación que lleva a cabo un juez sobre un caso de presunta financiación ilegal del PP-. A cambio, Ciudadanos presidirá los ayuntamientos de Burgos y Palencia, la Diputación de Burgos y quizá la de Segovia. Por lo visto, cuando te dan más cargos públicos con poder te olvidas de la regeneración democrática que has prometido.

Algo parecido ha ocurrido en Murcia, donde Ciudadanos también negocia con el PP para arrebatar al PSOE una docena de ayuntamientos, en algunos de los cuales gobernará el partido naranja con o sin el apoyo de Vox, según los casos. Después negociarán el gobierno regional, que probablemente continuará presidido por el PP como en los últimos 24 años. El PSOE ganó las elecciones autonómicas en esa comunidad y en Castilla y León.

Conviene recordar que Ciudadanos gobierna en Andalucía con el PP gracias al apoyo de Vox, aunque Rivera y sus dirigentes siempre han dicho que no negociaron nada con el partido de ultraderecha. Pero si no fuera por esta formación -cuyas exigencias se están empezando a ver con los cambios que ha aceptado el presidente andaluz para poder aprobar los presupuestos-, ni los populares ni el partido naranja gobernarían allí, donde también ganó el PSOE.

En Castilla-La Mancha Ciudadanos ha pactado con el PSOE para gobernar en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y otra veintena de municipios más pequeños. A cambio de apoyar a alcaldes socialistas, el partido naranja presidirá varios ayuntamientos. La explicación que repite Albert Rivera es que ellos son los únicos capaces de pactar con su izquierda y su derecha. Pero, ¿dónde queda la coherencia? A Albert Rivera se le ha visto el plumero.

¿No era Ciudadanos el partido que venía a luchar contra la corrupción y a regenerar la vida política? ¿Acaso esa supuesta regeneración consiste en no respetar lo que establece un Estatuto de Autonomía o en permitir que un partido con tantos miembros y dirigentes imputados por corrupción como el PP de Madrid continúe gobernando (las elecciones las ganó el PSOE)?

Tras las elecciones siempre ha habido pactos y, como consecuencia, partidos que ganaron en autonomías o poblaciones no han podido gobernar. Ciudadanos, como los demás, puede pactar con quien quiera, también con la ultraderecha, para intentar gobernar en más ayuntamientos o comunidades autónomas. Eso es legítimo, pero debe reconocerlo, explicar lo que ha acordado y no engañar a la ciudadanía negando la realidad, intentando explicar lo inexplicable o diciendo que no tiene ninguna relación con Vox, porque eso es sencillamente falso.