El Consejo Regional de Cámaras de Castilla-La Mancha ha elegido por consenso como presidente a Juan Martínez, máximo rector de la Cámara de Albacete, en Pleno celebrado este lunes en Toledo y que ha presidido la consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones, Patricia Franco.
En atención a los periodistas, el nuevo presidente regional ha señalado que como vicepresidente se ha designado al máximo rector de la Cámara de Ciudad Real, Mariano León, y como tesorera, a la presidenta de la Institución cameral de Toledo, María Ángeles Martínez.
El máximo órgano de dirección, que contará además con tres vocales de Ciudad Real y Toledo, y dos de Albacete y Cuenca, con voz y voto, se plantea «trabajar con la Administración regional para mejorar nuestro tejido empresarial y, por ende, la economía, generar empleo y, con ello, la mejora de las personas», ha enunciado Martínez.
El nuevo presidente del Consejo, que ha confirmado que la sede seguirá en la capital regional y que la idea es realizar, al menos, una reunión trimestral, ha centrado el trabajo inmediato del órgano en coordinar con las cámaras provinciales los ejes de internacionalización y competitividad, a los que la titular de Economía ha sumado las de mediación y Formación Profesional Dual.
Franco se ha congratulado por la celebración del Pleno constitutivo que, ha valorado, «cierra un largo periplo en materia legislatura, ejecutiva y financiera» y ha hablado «en positivo» después de su creación hace 22 años «y pasar por momentos difíciles, porque no tenía marco normativo».
«Una vez creada la ley de Cámaras, en diciembre de 2017, se han elaborado los reglamentos de régimen interior y luego el proceso electoral, en marzo pasado», ha detallado Franco, para quien durante esta Legislatura «se ha trabajado a contrarreloj» para dotar al Consejo de un marco legislativo.
Aquí, ha añadido que se ha tenido que adaptar a la nueva legislación nacional y «trasladarse al ámbito regional que el anterior Gobierno no hizo», ha lamentado.
Según Franco, y una vez superada esta última difícil etapa y con la estabilidad jurídica necesaria, «culmina el trabajo iniciado en la Legislatura con la constitución del Pleno que ahora dibujará y diseñará las líneas de colaboración con la Administración y, sobre todo, la prestación de servicios a las pequeñas y medianas empresas».
A preguntas de los periodistas respecto al proceso de disolución de la Cámara de Guadalajara, ha dejado claro que «la decisión del Gobierno ha sido responsable» porque «la situación era insostenible» y no había otra fórmula que liquidar la Institución, toda vez que «no era viable, pero nadie quería poner el cascabel al gato».
Ha aclarado que el Consejo Regional se responsabilizará de prestar los servicios mínimos que precisen sus empresarios y ha confirmado que sigue en curso el proceso de liquidación: «Es un proceso lento, por los procedimientos concursales de muchas empresas, muy complicados», ha justificado.
Sobre el futuro desarrollo de la Cámara guadalajareña, ha dicho que «depende de sus propios empresarios» y ha zanjado que «esta Administración tutelante estará siempre vigilante en base al cumplimiento de la normativa y con las mejores decisiones posibles para que el tejido empresarial siga creciendo en Guadalajara y el Corredor del Henares, donde hay una tremenda fortaleza industrial, logística y empresarial».