El alcalde de Valdepeñas (Ciudad Real), Jesús Martín, ha calificado de «paso judicial habitual» la decisión del Tribunal Supremo de declararse competente para investigarlo por un presunto delito de prevaricación administrativa sobre una plaza de arqueólogo municipal.
El alcalde y senador socialista ha dicho escuetamente que se trata de «un paso más» en el proceso judicial en el que está inmerso como consecuencia de su condición como «aforado» al haber sido elegido senador.
El Tribunal Supremo se ha declarado competente para investigar al alcalde de Valdepeñas, por un presunto delito de prevaricación administrativa respecto al proceso de selección de una plaza de arqueólogo municipal por concurso oposición.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Pueblo, Libertad y Justicia, José Manuel Pena, ha señalado que con la decisión del Supremo «se podrá conocer qué es lo que realmente pasó y dirimir si el alcalde ha cometido o no algún delito».
En términos similares se ha manifestado el portavoz municipal de IU, Gregorio Sánchez, quien ha señalado que si el Tribunal Supremo ha dictado auto admitiendo a trámite la querella es porque «ha considerado que existen indicios de ilícito penal que deben ser investigados».
Sánchez ha pedido que se deje trabajar a la justicia y que investigue la posible comisión o no de alguna irregularidad en el Ayuntamiento de Valdepeñas y, en su caso, se depuren las responsabilidades penales que de esa investigación puedan emanar.
El portavoz municipal de IU también ha solicitado la mayor celeridad y transparencia posible en este asunto y ha recordado que los hechos que investiga ahora el Tribunal Supremo corresponden al ejercicio de Martín como alcalde.
«Espero y deseo la mayor transparencia y que los grupos municipales seamos informados, tanto de los términos de la querella, así como del auto dictado por el Supremo, pues de no ser así se crearía una importante sombra de duda política sobre las actuaciones realizadas por el actual regidor municipal», ha subrayado.
En un auto notificado hoy, el Supremo también se declara competente para investigar por estos hechos al secretario de ese Ayuntamiento, Manuel Jesús Villajos, mientras que respecto al resto de querellados por este presunto delito de prevaricación, «o en su caso de desobediencia a la autoridad judicial», acuerda que siga conociendo de ello el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdepeñas.
En noviembre de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha admitió a trámite la querella presentada por el arqueólogo Luis Benítez de Lugo, que concurrió al proceso selectivo que tuvo lugar en abril de 2006, y en la que consideraba que el Ayuntamiento favoreció de forma ilegal al arqueólogo municipal interino Julián Vélez.
La querella también iba dirigida contra el técnico de la Administración General del consistorio, Salvador Galán; el representante de CCOO Juan Rodríguez y la profesora de la Universidad Regional, Rosario García, que también formaron parte del tribunal.
Finalmente la querella recayó en el citado Juzgado de Instrucción, que el pasado 11 de junio remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo ante la existencia de un aforado, el senador socialista Jesús Martín Rodríguez.
Ahora el Supremo, con el informe favorable de la Fiscalía, se ha declarado competente para investigar estos hechos y ha nombrado instructor al magistrado de la Sala de lo Penal Manuel Marchena.
La querella fue interpuesta después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo de Ciudad Real y el Tribunal de Castilla-La Mancha fallaran, en dos ocasiones cada uno, contra el Ayuntamiento por considerar que se favoreció de forma ilegal al arqueólogo municipal interino Julián Vélez, al que se le dio la plaza «vulnerando intencionalmente la ley con la intención de intervenir en el normal devenir del proceso selectivo».