Un total de 328.000 ciudadanos castellano-manchegos se encuentran en una situación de exclusión social, lo que supone el 16,2 por 100 del total de la población de Castilla-La Mancha, según se desprende del VIII Informe de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha.

El informe ha sido presentado este martes en una rueda de prensa en Toledo por el arzobispo de Toledo y primado de España, Braulio Rodríguez; el presidente de Cáritas regional, Fernando Muñoz; y el secretario técnico de Foessa y coordinador de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores.

Además, dentro de este grupo de ciudadanos, existe uno especialmente vulnerable afectado por los problemas de exclusión, en concreto se trata de 127.000 personas, el 6,3 por 100 de la población total, que se encuentran en una situación de exclusión social severa.

«Un empleo no garantiza salir de la pobreza»

En cuanto al desempleo, el informe señala que en Castilla-La Mancha aún alcanza al 18 por 100 de la población, multiplicando por 2,3 la tasa de paso de 2007, que se situaba en un 8 por 100. Según Foessa tener un empleo «no garantiza salir de la pobreza y la exclusión», ya que el 16 por 100 de las personas que trabajan se encuentran bajo el umbral de la pobreza y el 11 por 100 en exclusión social.

La vivienda es un motor «elemental» de la desigualdad y un factor «clave» en las dinámicas de exclusión social, ya que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un «derecho inaccesible» para muchas familias que sufren «la inseguridad y la inadecuación de su hogar». Así, 97.000 ciudadanos de la región viven con la incertidumbre de quedarse sin su vivienda; además, el 10 por 100 de la población -20.000 personas- viven bajo el umbral de la pobreza severa una vez descontados gastos o deudas.

El informe Foessa también señala la «exclusión severa» del 8 por 100 de los hogares sustentados por mujeres, frente al 5 por 100 de los que lo están por hombres. En este sentido, una mujer tiene que trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre; cifra que aumenta a dos horas más en el caso de mujeres inmigrantes.

Aunque la exclusión social tiene «muchos perfiles», según el informe uno «muy frecuente» es el de mujer, menor de 44 años con hijos a su cargo, con un bajo nivel de estudios y en búsqueda de empleo.

Según se desprende de este informe, la exclusión social tiende a duplicarse en las personas con discapacidad, ya que el 33 por 100 de las personas con discapacidad se encuentran en situación de exclusión social, lo que supone el doble de las personas sin discapacidad.

Además, un 13 por 100 de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos. Por otro lado, un 16 por 100 de la población no puede tener un tratamiento bucodental porque no se lo puede permitir; así como, un 1,8 por 100 de castellano-manchegos ha tenido problemas para pagar o procurarse un transporte para desplazarse al médico.

La no escolarización triplica la media nacional

En el ámbito de la educación, el informe señala que la no escolarización de 3 a 15 años en la región triplica la media nacional, ya que existe un 2,3 por 100 de hogares en esta situación en la comunidad autónoma, frente al 0,7 por 100 a nivel nacional durante el curso 2017-208.

Igualmente, los mayores sin estudios duplican la media estatal, ya que los hogares con alguna persona de más de 65 años no saben leer ni escribir o no han ido a la escuela. Supone un 3,6 por 100 en la región, frente al 1,6 por 100 nacional.

Los castellano-manchegos que han participado en este informe continúan apoyando el Estado de Bienestar como mecanismo de protección social, por lo que el 76 por 100 considera que hay que destinar a los Servicios Sociales «más dinero público que en la actualidad». Además, un 82 por 100 apuesta por más prestaciones y servicios sociales, aún a costa de más impuestos.

3 de cada 10 ciudadanos en exclusión acude a Cáritas

A pesar de esto, el gasto en prestaciones sociales en Castilla-La Mancha es inferior al del Estado. Aún así, 4 de cada 10 ciudadanos en situación de exclusión han acudido a los servicios sociales públicos y 3 de cada 10 han acudido a Cáritas.

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha indicado que Cáritas es un lugar de «encuentro y coordinación» y que ha sido quien ha pensado en la realización de este informe para la Diócesis, ya que la Iglesia sirve de «acompañamiento» a las personas en situación más vulnerable.

De su lado, el presidente de Cáritas regional, Fernando Muñoz, ha asegurado que este informe supone una «herramienta» para trabajar mejor con las personas «empobrecidas», ya que es un «instrumento necesario» que no nace para «analizar la realidad», sino que surge con la intención de «transformar la realidad».

Así, ha añadido que el mayor interés de Cáritas regional es que el informe sirva para que todo el mundo asuma la cuota de responsabilidad que se tiene a la hora de la construcción de «soluciones y oportunidades» con los más desfavorecidos.

Por último, el secretario técnico de Foessa y coordinador de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, ha afirmado que este informe muestra un modelo de sociedad que «no ha cambiado», ya que todos los análisis apuntan a que en la última década se están viviendo las consecuencias del «mismo modelo de desarrollo económico, social y antropológico».

Este modelo está marcado, según ha aseverado, por una «debilidad distributiva», por sus «dificultades» para no dejar «a nadie atrás» y por las «serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de los más vulnerables».