El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó el pasado miércoles, 16 de enero de 2013, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) del personal funcionario de la Administración regional, que la Administración llevó a la Mesa Sectorial de negociación del día 21 de diciembre de 2012 con el único propósito de dar por cumplido el trámite de información y consulta a las organizaciones sindicales, pero sin ninguna voluntad de negociación como ha venido sucediendo en el año y medio que el PP gobierna Castilla-La Mancha.
La nueva RPT modifica 2.915 puestos y suprime 503, que se suman a los más de 400 amortizados ya en el pasado mes de agosto y a los de los 88 orientadores laborales cuya amortización se publicó el pasado 20 de diciembre y que se añadieron a los 88 promotores cesados ya en el mes de junio.
Todos estos puestos de trabajo no se suprimen por ser innecesarios, indica CC.OO. en un comunicado de prensa, sino «con la clara intención política de transferir a la gestión privada la prestación de servicios que son propios de la administración pública autonómica». Es una de las vertientes de lo que el PP denomina «colaboración público-privada».
«No es casualidad que muchos de los puestos de los funcionarios cesados estén siendo desempeñados por trabajadores de otras empresas; o que la orientación laboral vaya a ser prestada por agencias privadas de colocación; o que entidades privadas como Asaja se ocupen ahora no sólo de la tramitación de las ayudas de la PAC, sino también de su revisión, control y corrección de incidencias».
«Amén de otros efectos perniciosos –algunos de los cuales están en el germen de muchos de los casos de corrupción que alarman y asquean cada día más al conjunto de los españoles-, la gestión privada de tareas y servicios públicos conlleva daños evidentes a la transparencia e imparcialidad con que deben ejecutarse esas tareas y prestarse esos servicios», puntualizan desde CC.OO.
Para CC.OO. «el caso de la gestión de la PAC por parte de una asociación de agricultores, (el colectivo beneficiario de las ayudas en cuestión) es en este sentido tan ejemplar como preocupante. Al tramitar expedientes de sus asociados (y de sus no-asociados), Asaja será inevitablemente juez y parte».
En el sindicato se pregunta: ¿Cómo salvarán el cumplimiento de las causas de abstención y recusación con sus propios socios? ¿Está garantizada la transparencia? ¿Y la imparcialidad? ¿Quién y cómo garantiza que Asaja tramitará con la misma diligencia y con el mismo rigor los expedientes de sus socios y de quienes no lo sean?
Los sucesivos cambios en la RPT de la Administración autonómica que está llevando a cabo el Gobierno Cospedal –en ningún caso negociados ni acordados con los representantes legales de los trabajadores- no sólo están expulsando al desempleo a decenas de miles de empleados públicos. «Están, también mercantilizando el sector público autonómico».
Para CC.OO. «están claramente adelgazando, desarmando y desmantelando la administración pública no para mejorar su funcionamiento, sino con el objetivo de poner en manos del sector privado aquellos servicios públicos- que, no lo olvidemos, son de todos los ciudadanos- con los que se puede hacer negocio, obtener un lucro privado».
Además aseguran que «lo mismo está ocurriendo en la Sanidad y en la Educación, servicios esenciales en los que la retracción de las plantillas está afectando claramente a la calidad de los servicios». Además, las modificaciones de puestos publicadas conllevan también la merma de la movilidad de los funcionarios de carrera: tras las numerosas amortizaciones tienen muchas menos posibilidades de traslados, con las dificultades que esto conlleva para la conciliación de la vida familiar y laboral de muchos de ellos.
CC.OO. considera que el conjunto de la ciudadanía –comenzando por los votantes y las bases del propio PP- debe reflexionar y tomar conciencia de las consecuencias de estas medidas para el empleo y para la prestación de los servicios públicos esenciales.
Además estima que el Gobierno Cospedal debe reconsiderar y frenar estas políticas. Por todo ello, CC.OO. llama a todos los castellano-manchegos a sumarse a la manifestación convocada el próximo 16 de febrero en defensa de los servicios públicos.
Por su parte, el sindicato UGT, además de criticar la nueva RPT de la Junta, ha rechazado que el DOCM publicó la convocatoria por parte de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de 11 puestos para cubrir por el sistema de «libre designación».
Pero el sindicato ha advertido de que, a pesar de ser un sistema de provisión de puestos recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), este sistema no tiene nada que ver con una convocatoria de creación de empleo público.
Así, ha explicado que en un proceso de libre designación como el publicado, la Administración regional determina qué requisitos se necesitan para desempeñar algunos puestos.