Por muchas explicaciones que ofrezcan ahora el Gobierno y el PP -tienen que darlas, pero ayer no lo hizo el ministro Cristóbal Montoro en el Congreso, en contra de lo esperado-, les va a resultar muy difícil convencer a la ciudadanía de que están dispuestos de verdad a luchar contra la corrupción política.
Los 22 millones de euros que ocultaba en una cuenta en Suiza el que fue durante muchos años tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y las noticias sobre el presunto pago de sobresueldos a los dirigentes de ese partido les han hecho tanto daño que les costará mucho trabajo recuperar la confianza incluso de muchos de sus votantes. Y eso es malo para la democracia.
Durante 20 años, primero como gerente del PP y después como tesorero, Bárcenas fue la persona que controló todos los gastos en ese partido, desde el más pequeño hasta el más importante. Por eso les costó tanto que dejara el puesto cuando fue imputado en la trama del «caso Gürtel» y era senador: la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, tuvo más de un enfrentamiento con él hasta que consiguió que dimitiera un año después de haberse visto envuelto en la investigación judicial sobre esa trama.
LA CIUDADANÍA, INDIGNADA
A los ciudadanos les sorprenden ya muy pocas cosas, pero les indigna que alguien les tome por tontos. Y, más que nada, les indigna que alguien, desde un cargo público o desde los alrededores, meta mano en el bolsillo común, cobre comisiones ilegales y se enriquezca hasta niveles insultantes.
A muchos les ha sorprendido pero, sobre todo, indignado que el máximo controlador de las cuentas del PP, que tenía su despacho muy próximo al de Mariano Rajoy en la sede central del partido, tuviera nada menos que 22 millones de euros en un banco extranjero sin pagar los correspondientes impuestos a la Hacienda Pública española.
Bárcenas tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, para empezar, hasta que los jueces o la Agencia Tribunaria digan si ha cometido algún delito o si ha defraudado a Hacienda. Tiene todo el derecho a haber amasado tan importante cantidad de dinero vendiendo chales de lujo o valiosos cuadros. Pero no tiene derecho a ocultar su dinero en el extranjero mientras el Gobierno del partido del que él era tesorero está asfixiando a la ciudadanía con recortes y más recortes y no se cansa de pedir austeridad y más austeridad para salir de la crisis.
UNA BOMBA EN EL PP
Por eso, este escándalo ha caído como una bomba en el PP. Si se me permite la comparación, Bárcenas ha sido para este partido como ese grano que descubres una mañana al levantarte y que no solo te molesta sino que, además, se infecta.
Hay quien opina que este caso ha salido a la luz porque es una maniobra de un sector del PP que no está de acuerdo con el liderazgo de Rajoy; otros se preguntan por qué lo ha publicado «El Mundo», un periódico considerado poco enemigo del PP cuando es algo muy dañino para ese partido; incluso se ha puesto en duda el pago de sobresueldos a los dirigentes del PP, que muchos han negado pero que un exdiputado «popular», el abogado Jorge Trias Sagnier, ha dicho que existían -debiera haberlo denunciado ante la Justicia cuando lo supo, por cierto-.
Esos aspectos, aunque no lo parezca, son lo menos importante en este caso. Lo importante no es saber quién ha facilitado esa información, por qué lo ha hecho en este momento y por qué a ese diario y no a otro -la manía de intentar «matar al mensajero» y la mala costumbre que tienen algunos medios de dedicarse a investigar de dónde procede lo que publican otros en vez de a buscar y ofrecer ellos información de interés general, como es su obligación-.
Una vez conocido el escándalo, lo que quiere saber la ciudadanía y lo que deben aclarar el PP, el Gobierno y los jueces, cada uno en la parte que le corresponda, es si la fortuna que Bárcenas atesoró en un banco extranjero procedía de negocios legales o del cobro de comisiones ilegales a empresas; si ha regularizado en Hacienda parte de ese dinero, acogiéndose a la amnistía fiscal que aprobó en su día el Gobierno entre críticas de toda la oposición; si el PP pagaba sobresueldos mensuales a sus dirigentes y, caso de que fuera cierto, si ellos lo declaraban y pagaban los correspondientes impuestos… Y unas cuantas cosas más.
EL SILENCIO DE RAJOY
Mariano Rajoy debería estar dispuesto a dar todas las explicaciones posibles pero, fiel a su estilo, ha decidido que sea el ministro de Hacienda el que comparezca en el Congreso mientras él únicamente ha accedido, dada la magnitud del escándalo, a contestar a unas preguntas durante pocos minutos la próxima semana en una sesión extraordinaria de control al Gobierno. Se equivoca.
El ministro Montoro no sólo no explicó ayer en el Congreso lo que todos los grupos querían saber -se puede decir que se limitó a aclarar a quien no lo sepa que si Bárcenas ha regularizado el dinero que tenía en el extranjero, acogiéndose a la llamada amnistía fiscal, después de que se hubiera iniciado un proceso judicial o una investigación administrativa no le servirá de nada-, sino que se molestó por algunas preguntas de los diputados y estuvo faltón y chulesco en sus respuestas. También se equivocó.
El caso del extesorero del PP y otros -el PSOE también tuvo su financiación ilegal a través de la trama del «caso Filesa»- son los que hacen que la ciudadanía considere que la corrupción política es el cuarto problema más grave de España, después del paro, los de tipo económico y los partidos políticos. Si Rajoy quiere contribuir a que mejore esa imagen y, sobre todo, a recuperar una parte de la confianza que ha perdido entre los electores, tiene que dar todas las explicaciones ya y no limitarse a responder unas preguntas en el Congreso de los Diputados.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
La presidenta de Castilla-La Mancha considera «bastante sorprendente» que el Tribunal Superior de Justicia haya acordado suspender temporalmente la decisión del Gobierno regional de eliminar la atención médica personal por la noche en 21 Puntos de Atención Continuada. Ha afirmado que eso significa que un tribunal les ha dicho cómo tienen que «organizar los servicios sanitarios».
María Dolores de Cospedal, que es abogada, sabe que ese tribunal ha hecho lo que debía: ante el recurso presentado por un ayuntamiento (del PSOE), ha suspendido cautelarmente la medida recurrida hasta que las demás partes aleguen y, entonces, los magistrados adopten una resolución.