La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha dicho que el Gobierno regional acatará la resolución que dicte el tribunal sobre las urgencias en la comunidad, pero ha opinado que «quien tiene que administrar y gestionar la sanidad es un gobierno, no un tribunal».
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En declaraciones a los periodistas tras visitar la empresa de componentes electrónicos para el automóvil Nagares en Motilla del Palancar (Cuenca), ha insistido en que el Gobierno autónomo hará «lo que diga el tribunal».
En ese sentido, ha recordado que la resolución que emitirá el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) «no es sobre el fondo, sino sobre la suspensión de la medida mientras se tramita el procedimiento judicial».
El Tribunal Superior de Justicia debe decidir si mantiene o no la medida cautelar adoptada el pasado día 17, cuando ordenó restituir el servicio nocturno de urgencias en 21 puntos de atención continuada (PAC) de la región que habían empezado a cerrar a las ocho o a las tres de la tarde según el nuevo proyecto de atención de urgencias diseñado por el Sescam.
Cospedal ha señalado que en Castilla-La Mancha hay 900 municipios y ha dicho: «solo 187 tienen PAC, no los 900, porque parece que no seamos todos de la misma condición».
La presidenta regional ha indicado que, «para la tranquilidad de muchos y para acabar con la demagogia de otros, todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen perfectamente cubierto el servicio de urgencias, a pesar de las muchas mentiras que se están contando».
Y ha añadido que ese servicio de urgencias lo podrían tener mejor cubierto si no se hubiera suspendido la medida, porque «ha habido ambulancias que estaban preparadas para estar fijas en determinados municipios por si había una emergencia que se han tenido que retirar» como también había UVI móviles dispuestas que se han tenido que retirar, ha explicado Cospedal.