La moción de IU, URI-PCAS y Grupo No Adscrito contra el alcalde de La Puebla de Montalbán (Toledo), por la que los firmantes de la misma pretendían que el regidor, Juan Carlos Camacho (PP) devolviera los 5.450 euros que retiró de la cuenta del Ayuntamiento al no estar, según ellos, justificados los pagos, y que en caso negativo se emprendiesen acciones judiciales contra él, no se ha votado ya que alcalde, antes de que procediese a la votación, ha levantado la sesión anunciando que no podía seguir celebrándose ya que había presentado una querella contra quien le había acusado de «meter la mano en caja», y al tratar por ello el pleno de un asunto que podría acabar en proceso judicial.
Camacho ha abandonado incluso el pleno acompañado por el primer teniente de alcalde, José Ángel Cabanillas, mientras el resto de ediles del PP (4) y los demás de la Corporación se han quedado en la sala, incluida la secretaria, que ha levantado acta de la sesión hasta la marcha de Camacho.
El alcalde no dio nombres de las personas contra las que se ha querellado ya que así se lo «ha aconsejado» su abogado. «Es muy fuerte lo que se ha dicho de mí, que si he cogido cuartos», ha dicho. Camacho ha insistido en que todos los gastos están justificados y «aprobados por la secretaria y el interventor, y los informes van a ser colgados en la web del Ayuntamiento».
Los concejales firmantes de la moción consideran, por contra, que el alcalde solo habría justificado, y no legalmente, menos de la mitad de la cantidad referida. Domingo Sobrino, del URI-PCAS, sostiene que de «los papeles aportados para justificar los gastos no pasan de ser simples cuartillas sin identificación del proveedor, sin firma, sin sello, etc. En el caso del combustible, ni se identifica la matrícula ni se justifica el viaje como una actividad de interés para el Ayuntamiento».
Además, aduce que hay justificaciones de pagos con «fecha de antes de las elecciones, o sea, de cuando Camacho no era alcalde» . Y pone en tela de juicio la justificación del interventor «ya que este incluso razona que lo aportado es insuficiente, y remite a una nueva norma que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2013, es decir, con posterioridad a los hechos».
Para URI-PCAS e IU, lo ocurrido en lo relativo a la suspensión de la sesión plenaria ha sido un fraude de ley. Según el portavoz de IU, Javier Ruiz, quien ha recordado que la sesión se ha celebrado con normalidad hasta poco antes del momento de la votación, «había quórum para que siguiese celebrándose el pleno, con lo que el concejal de mayor edad debería haberla presidido». Considera que el alcalde, por mucho presidente del pleno que fuera, «no es quien para levantar la sesión habiendo quórum», y ha extendido sus críticas a la secretaria del Ayuntamiento, porque según él, ella no podía dar fe de un acto, el levantamiento de la sesión, que no era legal.
Por todo ello, los ediles que han presentado la moción han pedido a la policía local presente en la sesión que diese fe de todo lo ocurrido para emprender acciones judiciales contra el alcalde, si procede, e incluso contra la secretaria por haber incurrido en una ilegalidad respecto a la Ley de Bases de Régimen Local.
Por su parte, el PSOE, cuyo portavoz es Abilio Maroto, iba a apoyar la moción en aras de que «se aclarase lo ocurrido», aunque ha matizado que la moción era «ambigua ya que no se podía exigir la devolución del dinero antes de que un juez fallara que el alcalde se lo ha llevado».
La moción fue presetanda por IU (con tres ediles), URI-PCAS (uno) y Grupo No Adscrito (uno, ex del PP). El grupo del PSOE está compuesto por tres ediles, aunque uno aún debe incorporarse por la marcha de Joana del Castillo). El PP tiene cinco ediles, o sea, que la moción hubiese prosperado con siete votos a favor y cinco en contra.