Unos 500 afectados de la cooperativa Tierra de Calatrava de Miguelturra (Ciudad Real) intentan llegar a un acuerdo para desbloquear el concurso de acreedores, declarado hace cuatro años, antes de que la juez de lo Mercantil número 4 inicie el proceso de liquidación.
Según fuentes consultadas por Efe, los dos grupos de afectados negocian durante las últimas semanas formalizar un acuerdo que les permita elaborar un convenio de acreedores para que sea aceptado por la autoridad judicial, tras las fallidas conversaciones de este pasado verano donde rechazaron una quita del 33 por 100 de la deuda.
El informe concursal presentado por los administradores concursales cifra el pasivo de la cooperativa en 39,8 millones de euros y el número de acreedores en 1.639, en su mayoría agricultores del Campo de Calatrava que depositaron el importe de cosechas, subvenciones y ahorros en la sección de crédito de la sociedad Tierra de Calatrava, de la cual el Banco Santander era entidad colaboradora.
Los socios de la cooperativa -aún en funcionamiento- han marcado el 5 de marzo como fecha límite para alcanzar un acuerdo entre acreedores, entidades financieras, instituciones y administradores concursales puesto que, según apuntan fuentes jurídicas, ese día se conocerá la resolución del principal incidente concursal que afecta a la calificación del crédito hipotecario de más de 12 millones de euros del Banco Santander.
El alcalde de Miguelturra, Román Rivero, en declaraciones a Efe, ha señalado también el 5 de marzo como la cita «más importante» para ver si se llega un acuerdo entre los dos grupos de socios, uno liderado por el letrado contratado por el Ayuntamiento de Miguelturra y, el segundo, por la Asociación de afectados por la Cooperativa Tierra de Calatrava.
Desde que en febrero de 2009 se presentara el concurso de acreedores, los miles de afectados han asistido a multitud de rumores, falsos acuerdos e incógnitas sin responder en un proceso concursal en el que llegó a mediar en su día el Ejecutivo regional con el anuncio en enero de 2011 de un borrador de acuerdo entre la administración concursal y Banco Santander, principal acreedor.
Durante estos últimos cuatro años, el proceso Mercantil ha resuelto 40 incidentes concursales mientras que por la vía penal aún se está a la espera de que se resuelvan las diligencias previas para dilucidar las supuestas irregularidades en las que incurrieron los responsables de la cooperativa agrícola.