Existen motivos más que sobrados para esperar que el próximo juicio por el asesinato de Gabriel Cruz -el niño de ocho años desaparecido en un pueblo de Almería el 27 de febrero de 2018 y encontrado 12 días después en el maletero del coche de la pareja de su padre- sea utilizado por algunas televisiones para montar un espectáculo mediático y, así, ganar audiencia. Comenzará el lunes 9 de septiembre y no es arriesgado vaticinar que se repetirá la historia de siempre: habrá tertulias con algunos periodistas que se dedicarán a especular y a exponer hipótesis sin fundamento, para mantener vivo el espectáculo televisivo. La audiencia manda.

Todavía se recuerda el bochornoso espectáculo que montó Antena 3 en Alcásser (Valencia) el 27 de enero de 1993, cuando fueron encontrados los cadáveres semienterrados de las adolescentes Miriam, Toñi y Desirée, de 14 y 15 años, que habían desaparecido dos meses y medio antes. Se considera que aquel día nació en España la telebasura. La periodista Nieves Herrero, que fue la protagonista principal en aquel lamentable circo mediático montado en un teatro del pueblo repleto de vecinos, se ha arrepentido una y mil veces y ha dicho, años después, que aquel programa fue «un error de pies a cabeza».

Con la desaparición de Gabriel Cruz también hubo televisiones que montaron un auténtico circo. Lo mismo ocurrió en febrero último con el rescate de Julen, el niño que cayó a un estrecho agujero de más de 100 metros de profundidad en Totana (Murcia) y murió. Y, hace solo unos días, con la desaparición y muerte de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, ha habido quienes no han tenido inconveniente en opinar, especular y lanzar en televisión las más diversas teorías sin más fundamento que su imaginación, y quienes han aparecido como si fueran expertos en asuntos jurídicos, policiales, de ingeniería y de lo que les echaran. Vergonzoso.

Llamamiento de las asociaciones judiciales

En el caso de Gabriel Cruz, las tres principales asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han difundido un comunicado conjunto en el que piden «que se respete la intimidad del menor y su familia, así como la presunción de inocencia de la acusada (la pareja del padre del niño, que confesó ser la autora del crimen), mediante un tratamiento informativo responsable que conjugue el derecho a la información con la protección constitucional de las partes intervinientes».

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y una decena más de organizaciones periodísticas y entidades también han hecho un llamamiento a todos los medios de comunicación, a petición de los padres del niño, para que las informaciones que difundan sobre el juicio «no añadan más dolor al dolor de la familia de Gabriel». «No nos negamos a que se informe», han dicho los padres, «solo demandamos ser cuidadosos con la imagen de un menor».

Esas organizaciones han indicado que la ciudadanía, y no solamente los medios de comunicación, también debería mantener una actitud de responsabilidad y solidaridad en estos casos, para evitar que algunas televisiones los conviertan en un morboso espectáculo. Porque, ¿qué ocurriría si los telespectadores no conectaran una cadena de televisión que hace de cualquier tragedia un circo, sin respetar las normas deontológicas del periodismo? Si llegara un día en que muchas personas desconectan una cadena de televisión cuando ven que se dedica a entrometerse en las vidas privadas o emite telebasura, seguro que la situación cambiaría. Para bien, por supuesto.

¿Para cuándo un Consejo Estatal Audiovisual?

Lamentablemente, las experiencias que ha habido en distintos casos no permiten ser optimistas respecto a lo que algunas cadenas de televisión harán con este juicio. Por eso, y por otras muchas razones, es necesario crear en España un Consejo Estatal Audiovisual independiente para que, respetando las competencias de los Consejos autonómicos que ya existen o puedan surgir y en colaboración con ellos, se encargue de velar porque los contenidos que difunden las radios y televisiones -tanto públicas como privadas- se ajustan a las leyes y las normas deontológicas del periodismo, respetan la libertad de expresión y el pluralismo, y también el derecho al honor y la intimidad de las personas, de manera especial si son menores. En la Unión Europea y en otros países de todo el mundo existen estos organismos desde hace mucho tiempo.

Esta petición, que la FeSP y otras organizaciones profesionales y sindicales de periodistas llevan años reivindicando al Gobierno y a los grupos parlamentarios, no es implantar la censura, en contra de lo que dicen algunos empresarios de medios de comunicación que solo buscan su beneficio económico y olvidan la función social que deben cumplir las empresas informativas. Bien al contrario, esa es una manera de garantizar que la ciudadanía va a recibir una información veraz, plural y de calidad. Por eso también debería exigirlos la sociedad, no solo las organizaciones de periodistas.