La Junta ha reubicado en los últimos días a los 21 usuarios de un centro de atención a personas con discapacidad intelectual grave, en su mayor parte ancianos, en centros propios de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales al comprobar irregularidades en el centro.
Según han detallado a Efe fuentes de la Delegación de la Junta en Albacete, los propios Servicios Periféricos de la Consejería comprobaron las irregularidades en la prestación de los servicios de este centro, situado en la calle León de Albacete y gestionado por el dueño del Instituto Avanzado de Ciencias Gerontológicas (IACG) y de la Residencia de Mayores Gerialba.
Ante la imposibilidad de comunicarse con el propietario, los empleados públicos se pusieron en contacto con los familiares de los usuarios y decidieron iniciar el traslado de los mismos «para garantizarles la atención de calidad que requieren».
La situación del centro había sido denunciada también por los trabajadores, algunos de los cuales acumulan hasta 16 meses de impagos y todos encadenan varios meses sin cobrar.
Los problemas en el centro hacían que incluso escasearan los alimentos para los usuarios, como denunciaron los propios empleados.
Al comprobar el problema y la deficiencia en los recursos, los usuarios han sido reubicados «en tiempo récord y de manera consensuada con los familiares en otros centros de titularidad pública», como han detallado las fuentes de la Junta, al tener todos ellos plazas concertadas con la Junta de Comunidades, y ya se encuentran en sus nuevas ubicaciones.
Se da la circunstancia de que los usuarios de la residencia de mayores Gerialba, con 23 usuarios, que gestionaba el mismo propietario en el centro de la capital, han tenido que ser reubicados también por sus familiares en otras residencias en estos últimos días, ya que este centro ha tenido que cerrar sus puertas.
Esta segunda residencia, totalmente privada y en la que no había ninguna plaza concertada por la Junta de Comunidades, no estaba atendiendo los pagos del local ubicado en el centro de Albacete, por lo que pesa sobre la misma una orden judicial para su desalojo.
Ambos centros los gestionaba Manuel M., que fue condenado hace un año por un juzgado de Albacete por haber ejercido tareas propias de un médico sin tener la titulación necesaria, utilizando para ello la firma y el número de colegiado de un familiar.