La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha avanzado «el compromiso del Ejecutivo para la elaboración y aprobación de una Ley autonómica para la protección de los derechos de colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) no más allá de la mitad de la legislatura.
Durante su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad en las Cortes regionales, Fernández ha señalado que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ya cuenta con ayudas para este colectivo, pero ha pedido la aportación de todos los grupos parlamentarios y de todas las entidades para la creación de la nueva normativa regional.
«Es una ley de justicia y llega con cierto retraso», ha reconocido, pero ha insistido en que el objetivo es que no pasen más de dos años de la legislatura para que sea una realidad.
En este sentido, el diputado regional de Ciudadanos (Cs) David Muñoz ha tendido la mano al Gobierno autonómico para que esta ley salga «por consenso», pero ha advertido de que si tarda en llevarla a las Cortes, la formación naranja presentará esta iniciativa porque considera que la legislatura pasada fue «una oportunidad perdida» para garantizar la igualdad en este colectivo.
Además, ha solicitado que en la redacción de la Ley LGTBI se tenga una «especial atención» a las personas de este colectivo que viven en zonas rurales, porque a juicio de la formación naranja estas personas sufren el dicho de «pueblo pequeño, infierno grande».
Por otro lado, la consejera de Igualdad ha hecho referencia también a la lucha contra la trata y en este punto ha apuntado que según la memoria de la Fiscalía General del Estado el 90 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas y que el año pasado se detectaron más de 14.000 «esclavas del sexo».
Fernández ha dicho que entiende que haya «voces» que digan que hay que intentar regular esta práctica desde el ejercicio de la libertad, pero ha invitado a los diputados a que «no caigan en esta trampa» sabiendo el porcentaje tan alto de mujeres que practican la prostitución de manera obligada.
A este respecto, ha indicado que el Gobierno regional va a desarrollar todas las estrategias dentro de sus competencias para prevenir la trata con fines de explotación sexual, que a su modo de ver es «la esclavitud del siglo XXI».