La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles y jueves a un hombre acusado de apropiarse indebidamente de más de 800.000 euros aportados por 25 personas y destinados a la compra de un inmueble, para el que el fiscal pide ocho años de prisión.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, desde el 23 de octubre del año 2000, el acusado ostentaba la condición de administrador único de una mercantil, cuyo objeto social era la compra y venta, permutas, arrendamientos y construcción de bienes inmuebles.
El escrito explica que entre los meses de mayo y julio de 2003, el acusado -en ejecución de una planificación «perfectamente pergeñada»- recibió como administrador de dicha sociedad diversas cantidades de dinero en metálico entregadas por una serie de personas para destinarlas a la adquisición de un inmueble en Vicálvaro (Madrid).
La finalidad era promover la construcción de un conjunto residencial integrado por distintas viviendas que se destinarían a la venta, tras lo cual debía devolver a los distintos inversores, en la fecha que en cada caso se había pactado, el capital invertido, así como las plusvalías o beneficios de la inversión efectuada.
Para facilitar la labor de captación de inversores, el 1 de febrero de 2002 suscribió «un contrato de colaboración» con RCL -una persona dedicada al asesoramiento y gestión de operaciones de inversión en Toledo-, quien vino a desempeñar la función de intermediación en nombre de la mercantil.
Así, entre mayo y julio de 2003, RCL suscribió un total de 25 acuerdos con personas físicas, todas ellas residentes en la provincia de Toledo, y recibió de cada una de ellas una determinada cantidad de dinero que había de transferir a la sociedad para la adquisición del mencionado inmueble.
La cuantía global ascendía a 806.454 euros, que fueron transferidos al administrador único de la sociedad, quien, «guiado por el ánimo de obtener un ilícito y desmedido lucro personal, los tomó para sí, incorporándolos a su ámbito patrimonial», señala el escrito del ministerio fiscal.
Los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, por los que la Fiscalía pide ocho años de prisión.
Además, el acusado deberá indemnizar a cada uno de los afectados en las cantidades entregadas por cada uno de ellos -que oscilan entre los 3.000 y los 123.000 euros- y con 11.000 euros a los herederos de uno de ellos, fallecido en 2013.