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viernes, 22 de noviembre de 2024
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla La-Mancha, Blanca Fernández.
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla La-Mancha, Blanca Fernández. Foto - EFE/ Ismael Herrero
Acuerdos del Consejo de Gobierno - 18 septiembre 2019

El Gobierno de Castilla-La Mancha, tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha dado vía libre a dos partidas millonarias. Por un lado una inversión de 1,8 millones para los centros de empleo de Ilunion y por otro la 7,8 millones para la gestión integral de centros de primera atención y protección de menores.

Sobre estos acuerdos alcanzados por el Ejecutivo socialista se ha pronunciado la portavoz, Blanca Fernández, en una rueda de prensa en la sede de la Presidencia de la Castilla-La Mancha.


Fernández ha explicado que la cuantía destinada a Ilunion, un grupo dependiente de la ONCE, servirá para generar 800 contratos y supone el 50 por 100 del montante total anual que destina la Junta a este tipo de centros de trabajo, que son 3,5 millones. El objetivo es seguir generando empleo para las personas con discapacidad en una región donde la tasa de empleo de las personas con capacidades diferentes es 11 puntos superior a la media nacional, un 45,9 por 100.

«Entendemos que queda mucho por hacer en el empleo de las personas con discapacidad, aunque hayamos avanzado mucho», ha afirmado la también consejera de Igualdad de CLM, quien ha añadido el Gobierno se ve «obligado» a mantener este gasto para avanzar en este campo donde esperan que esta legislatura «sea la definitiva» en la inserción laboral de las personas con discapacidad.

7,8 millones para proteger situaciones vulnerables

La otra cuantía millonaria que ha aprobado el Consejo de Gobierno es los 7,8 millones para la gestión de centros de menores en todas las provincias salvo Albacete. «Con esta inversión cubrimos situaciones de tremendo desamparo de menores», ha indicado la portavoz.

Y es que con ese dinero se gestionarán de manera integral los centros que ofertan un total de 60 plazas. En estos centros «se intenta proporcionar una vida normal y normalizada» a menores que no han tenido una familia que les protegiese.

«Estamos obligados a amparar a aquella población que no ha tenido familias que les haya podido proteger y se han encontrado desde bien pequeños situaciones de vulnerabilidad», ha añadido Fernández.

Allí procuran que los menores comiencen a tener una «vida normal con rutinas, con apoyos y hábitos de todo tipo y ayudándose en los estudios».

Por último, ha expresado que aunque estos centros a veces sean «polémicos», esto es una «oportunidad de vida, es una segunda oportunidad en un momento de la vida muy vulnerable. Niños y niñas que viven situaciones muy dramáticas.

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