El sindicato CC.OO. afirma que la Consejería de Educación «ha recortado de facto el permiso de maternidad de las docentes interinas que fueron madres en las postrimerías del curso pasado, que concluyeron su nombramiento el 31 de agosto sin haber agotado las 16 semanas de permiso por maternidad que legalmente les corresponden y cuyo disfrute habían optado por posponer en los términos que permite la ley», tal y como han señalado en nota de prensa.

Recalcan que han recibido denuncias «de docentes interinas que fueron madres el curso pasado, estuvieron de baja tras el parto las seis semanas de descanso que marca la ley y preavisaron con la antelación requerida de su decisión de interrumpir el permiso para retomarlo tras su nuevo nombramiento; pero que se han topado con la negativa de la Consejería a reconocerles el derecho a disfrutar del permiso en las semanas que dejaron pendientes».

«Recortar el permiso de maternidad es inaudito, injusto, contrario al derecho…»

Por eso piden a la Consejería que reconsideren el criterio «que ha aplicado en estos casos, incurriendo a nuestro juicio en una grave vulneración del derecho de las afectadas a estar con sus hijos o hijas cuando más lo necesitan», ha explicado Mercedes Gómez, secretaria general de CC.OO. Enseñanza CLM.

Entienden que «el hecho de que haya un cambio de contrato, por cesar el 1 de agosto para volver a ser nombradas el 1 de septiembre, no puede conllevar el recorte del permiso. Es inaudito, injusto, contrario al derecho, a la razón y al espíritu y la letra de la ley. Supone, a nuestro entender, una discriminación clara del personal funcionario interino respecto al resto de las y los trabajadores, públicos o privados».

E insiste en que «la administración de CLM tiene que rectificar, no puede privarles de ese derecho. Porque un Gobierno que se posiciona una y otra vez por la igualdad no puede poner trabas a las madres, contraviniento la ley. Y un Gobierno que una y otra vez reconoce su preocupación por la crisis demográfica no puede poner a los progenitores obstáculos que la ley trata de eliminar».

Terminan afirmando que «la de la Consejería  es una actuación que no supone prácticamente ahorro para la administración autonómica, puesto que la prestación por maternidad o paternidad corre a cargo de la Seguridad Social, la Junta solo paga las cotizaciones. Lo único que se ahorra la Junta es el papeleo de contratar una persona sustituta».