La política agraria de los Veintisiete perderá un 13 % de las ayudas que recibe en la actualidad durante el periodo presupuestario 2014-2020, según el acuerdo al que llegaron hoy los líderes de la Unión Europea (UE).
El texto respaldado fija un presupuesto para las ayudas directas y de desarrollo rural de unos 363.000 millones de euros para el próximo presupuesto, porcentaje un 13 % inferior al existente entre 2007 y 2013.
En la práctica, la agricultura recibirá unos 54.500 millones de euros menos que en este periodo presupuestario, una suma que afectará sobre todo a las ayudas directas a los agricultores y las medidas de mercado, epígrafes a los que se destinarán cerca de 278.000 millones de euros, lo que supone un recorte del 13 %.
Al apartado del desarrollo rural se destinarán 85.000 millones de euros, un 13,5 % menos que en la actualidad.
Entre 2007 y 2013 la Política Agrícola Común (PAC) ha recibido 417.000 millones de euros (unos 320.000 millones de ayudas directas y unos 98.000 millones para programas de desarrollo rural).
A pesar del recorte en agricultura, fuentes europeas consideraron que la disminución es inferior a lo inicialmente estimado, algo que consideraron una concesión a Francia, España e Italia.
El texto respaldado por los Veintisiete marca las directrices sobre los objetivos a los que se destinará el gasto agrícola entre 2014 y 2020.
En particular, respalda la idea de lograr una convergencia entre las ayudas directas por hectárea que reciben los agricultores de los distintos países, y establece que «todos los Estados miembros deben lograr al menos el nivel de 196 euros por hectárea» para 2020.
Además, apoya destinar un 30 % de los pagos directos a los agricultores que realicen una serie de exigencias medioambientales, aunque otorga a los Estados miembros «flexibilidad» a la hora de decidir qué medidas son equivalentes a las planteadas.
Por otra parte, la Unión renuncia a fijar un tope a las ayudas que reciben las grandes explotaciones agrícolas, un objetivo que Bruselas defiende desde hace años y que se ha ido descartando en las distintas reformas de la Política Agrícola Común (PAC).
En particular, deja en manos de los Estados miembros la posibilidad de fijar ese techo (que Bruselas ha situado en 300.000 euros), una opción a la que tradicionalmente se han opuesto países como Reino Unido, Alemania o Suecia.
En España el número de grandes explotaciones no es tan elevado como en otros Estados miembros, pero entre ellas destaca las de la Casa de Alba, que cada año recibe unos tres millones de euros por ayudas agrarias de la UE.
El pacto de los Veintisiete asigna a España 500 millones de euros adicionales en concepto de ayudas al desarrollo rural.
La suma forma parte de un conjunto de concesiones a un grupo de países que «afrontan retos estructurales particulares en su sector agrícola» o que han invertido mucho en desarrollo rural, entre los que también figuran Italia, Austria, Francia, Irlanda, Portugal, Luxemburgo, Malta, Bélgica, Eslovenia y Finlandia.
También prevé 2.800 millones de euros (procedentes de los pagos directos) a «una nueva reserva de crisis en el sector agrícola» para ayudar a afrontar problemas graves en la producción o distribución.
La UE introduce asimismo como novedad la posibilidad de permitir a los países mover el 15 % de las ayudas de desarrollo rural a los pagos directos.
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, lamentó la rebaja en las ayudas de desarrollo rural, pero valoró el respaldo del Consejo a la idea de hacer una agricultura más «ecológica» y a un sistema de ayudas directas «más justo».
La reforma de la PAC, actualmente en negociación, fijará las normas que regirán el campo europeo hasta que acabe esta década.
Aunque por primera vez la Eurocámara tiene poder de codecisión sobre esa política junto con el Consejo, el pacto alcanzado por los Veintisiete es especialmente importante, ya que fija el presupuesto con el que se contará en los próximos años y establece la línea que deberá seguir el gasto.