El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de Ley del Tercer Sector Social, tras lo cual ya puede ser remitido a las Cortes para iniciar su trámite parlamentario.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha explicado este martes en rueda de prensa que espera que los grupos parlamentarios puedan sumarse por unanimidad a esta estrategia.

Tal y como ha detallado, el objetivo de la ley es definir y ordenar por primera vez en la región al Tercer Sector, así como establecer un marco jurídico para el conjunto de entidades que lo integran.

En el marco de esta ley, el Tercer Sector lo forman «entidades que prestan un servicio público en colaboración con la Administración regional», al margen de otras actividades.

El Tercer Sector cuenta con 5.154 entidades inscritas de las que 3.425 están activas, atiende a 400.000 personas de forma directa y cuenta con 6.300 profesionales.

Aurelia Sánchez ha rememorado cómo en febrero de 2016 en un Consejo de Gobierno abierto con EAPN se abordó la posibilidad de regular el Tercer Sector. Dos meses después comenzaron los trabajos preparativos para formar esta normativa con distintas ONG, Cruz Roja, la ONCE o el Cermi, junto a los empleados públicos de la Consejería.

Tras realizar por parte de un grupo de expertos un diagnóstico del sector a raíz de una encuesta con 235 entidades en 2017, se constituyó la Comisión Mixta que elaboró el anteproyecto de ley, órgano con entidades, expertos y trabajadores públicos.

Con el texto elaborado, se superaron todos los trámites necesarios para llegar al Consejo de Gobierno, recabando informes favorables en materia de impacto de género o infancia. Varios consejos consultivos han dado su visto bueno y se ha sometido a información pública antes de ser aprobado definitivamente este Proyecto de Ley.

Un inventario de entidades del Tercer Sector

La nueva ley «define y ordena el Tercer Sector Social» y cuenta con novedades importantes, como la creación de un inventario de entidades del Tercer Sector que será público y que vendrá a mejorar las relaciones con la administración.

Establecerá principios rectores y obligaciones, como «una gestión democrática y responsable con su acción». Además, creará una Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector y el Gobierno autonómico, como marco de cooperación con entidades sociales.

Habrá una estrategia con distintos ámbitos como apoyo a voluntariado, colaboración pública, reconocimiento del Tercer Sector, estructuración o colaboración con el tejido empresarial, además de autonomía, transparencia y rendición de cuentas.

Conciertos sociales

El Concierto Social como fórmula avanzada de concertación para la prestación de servicios públicos es otro de los mimbres que forma esta ley, que quiere ser «transversal», toda vez que no solo opera en Bienestar Social, sino que abarca competencias de otras consejerías.

Según ha avanzado, ya se está trabajando en distintos modelos de concierto social al amparo de esta ley para seguir mejorando la financiación de estas entidades, siempre con el objetivo de dar «seguridad» a todas las organizaciones que gestionan «el bienestar de las personas de esta comunidad».

«Vamos a comenzar a trabajar en un decreto de concertación que le dará tranquilidad y seguridad a las entidades que prestan estos servicios públicos, porque hasta ahora son convocatorias anuales, pero queremos que tengan una continuidad y que sea realidad a partir del próximo año», ha enfatizado.

Este texto no nace con memoria económica «porque no la necesita», si bien se está trabajando para ver «cómo se concierta con el Tercer Sector para desarrollar proyectos que tienen que ver con el voluntariado o con otras necesidades de la ciudadanía».

La concertación puede superar hasta los 300 millones de euros anuales según los cálculos de la Consejería, si bien se está actualizando de cara al próximo ejercicio.