Un total de 120 familias inmersas en procesos de desahucio han sido atendidas hasta ahora en las oficinas de asesoramiento e intermediación para afectados por hipotecas y desahucios que el PSOE de Castilla-La Mancha ha abierto en las cinco provincias de la región. Así lo manifestó en Toledo la secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla-La Mancha, Irene Barahona, quien ha pedido al PP, coincidiendo con el debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), «más sensibilidad» con este problema que ha hecho que, «en cuatro días haya habido cuatro muertes por suicido».
A este respecto, Barahona ha subrayado que «el PP no puede hacer oídos sordos a la ciudadanía que lo está pasando mal y que no es la culpable de la crisis».
Y ha agregado que «ninguna de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para frenar esta lacra han servido», entre las que ha citado el decreto de buenas prácticas y el de la moratoria por casos de extrema necesidad.
La responsable socialista de Vivienda ha tachado además de «irrisorias» las 6.000 viviendas que el Gobierno ha anunciado que destinará a alquiler social y ha afirmado que «se trata de migajas teniendo en cuenta el millón de viviendas vacías que el banco malo tiene en propiedad».
También destacó que el PSOE en el Congreso «no solo va a apoyar el contenido de la ILP promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sino que la Ley de Segunda Oportunidad que está preparando el Grupo Parlamentario Socialista tiene muchos puntos en común con ella».
En este punto Barahona ha reconocido que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Zapatero durante la pasada legislatura para afrontar este problema fueron «insuficientes», por lo que ha pedido al PP que «escuche» a la ciudadanía, porque el drama de los desahucios «es cada vez más grave, cuanto más gente hay en paro y más tiempo pasa en situación de desempleo».
Por último, ha recordado que, además de las 120 familias atendidas por las oficinas de asesoramiento del PSOE, la Diputación de Ciudad Real ha aprobado una partida de 25.000 euros para asesorar a las víctimas de este problema.