El Gobierno y el PP han dado marcha atrás últimamente en algunos asuntos en los que antes habían aprobado normas o mantenían posturas contrarias a la opinión mayoritaria de la ciudadanía. A veces, y ésta es una de ellas, da la sensación de que más que rectificar lo que hacen es improvisar y actuar según por donde les venga el aire.
Pero está bien que los políticos, todos, se apliquen el refrán de «rectificar es de sabios», aunque en los tiempos que corren eso no es suficiente para que puedan recuperar la confianza de la ciudadanía, que muchos de ellos han perdido por méritos propios y más que sobrados.
Alberto Ruiz-Gallardón -que endeudó a Madrid para decenas de años cuando fue alcalde y que, como ministro de Justicia, ha logrado en un año el triste récord de ponerse en contra a los jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y muchos ciudadanos, tanto de izquierdas como de derechas- se ha visto obligado a dar marcha atrás en las disparatadas tasas judiciales que había acordado hace tan sólo dos meses y que impedían en la práctica el acceso de algunos ciudadanos a la Justicia.
Se lo pidió el martes último la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, porque ha recibido miles de quejas, y él, listo como es, ha decidido recular en tan polémica norma y rebajar considerablemente las tasas que el Gobierno había aprobado, para que los ciudadanos puedan pleitear, e incluso eliminarlas en algunos casos. Algo es algo.
LOS DESAHUCIOS POR IMPAGO
Ese mismo día, el martes 12 , el PP también rectificó en el Congreso de los Diputados en un asunto tan sangrante como el de los desahucios, y votó a favor de que esa Cámara debata una proposición de ley de iniciativa popular -presentada con la firma de casi un millón y medio de ciudadanos- en la que se regula la dación de la vivienda al banco como pago de un crédito cuando no se puede hacer frente al mismo, se paralizan los desahucios y se establece el alquiler «social» a precios baratos.
Pero conviene aclarar, desde ya, que este cambio de posición no quiere decir que, a la hora de votar, los diputados «populares» vayan a aprobar esas propuestas tal y como las ha presentado la ciudadanía, ni mucho menos. De momento, este cambio sólo quiere decir que la presión de la ciudadanía ha obligado al PP a rectificar.
El PP también ha rectificado su incomprensible decisión de mantener en la nómina del partido al exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la ministra de Sanidad, Jesús Sepúlveda, a pesar de que está imputado por un juez en el «caso Gürtel». La justificación que había dado una semana antes el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, provocó carcajadas, como suele ocurrir con algunas declaraciones de este diputado, porque demostraba un absoluto desconocimiento y, lo que es peor, una total falta de visión política: dijo que no le podían echar de la plantilla de trabajadores del partido porque los tribunales declararían ese despido «improcedente», olvidando que miles de trabajadores son despedidos en España a diario de manera «improcedente» e indemnizados por ello, por cierto ahora con menos dinero que antes gracias a la reforma laboral que aprobó hace un año el Gobierno del PP.
María Dolores de Cospedal ha puesto las cosas en su sitio y ha recordado que «rectificar es de sabios».
¿RECTIFICACIÓN O IMPROVISACIÓN?
Con las rectificaciones de los políticos ocurre lo mismo que con el colesterol, que lo hay bueno y malo. En el caso de éstas del Gobierno y del PP, no se sabe si responden realmente al refrán de «rectificar es de sabios» o a que improvisan obligados por las circunstancias o por la presión social. Pero, aunque tarde, bienvenidas sean.
Ahora haría falta que el Gobierno no se empecine en defender la reforma del mercado laboral que acaba de cumplir un año y la rectifique, una vez que se ha comprobado que no ha servido para crear empleo sino para destruirlo -850.000 parados más en el último año-, como sostienen no sólo los sindicatos sino los especialistas, Europa e incluso los editoriales de algunos periódicos considerados «afines» al Partido Popular.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Quien también tiene la posibilidad de rectificar, si le queda un mínimo de vergüenza y amor propio, es Olvido Hormigos, la concejala socialista de Los Yébenes (Toledo) que el verano pasado sufrió un intolerable ataque a su intimidad cuando alguien difundió en internet un vídeo erótico suyo.
Ahora va a participar en un programa en Telecinco en el que algunos concursantes de Gran Hermano y otros espacios de «telebasura» similares, famosos venidos a menos como Ana Obregón y personajillos amantes de la fama y el dinero como Raquel Mosquera -viuda de Pedro Carrasco– o Beatriz Trapote, entre otros, tendrán que demostrar en traje de baño sus habilidades para tirarse a la piscina desde un elevado trampolín. Muchos que la defendieron entonces piensan ahora que se equivocaron.