Los sindicatos UGT, CCOO y STES han denunciado la supresión de 100 puestos de trabajo en el Sescam, que conllevará el desplazamiento de 30 trabajadores, y el cierre de las oficinas provinciales de prestaciones del Sescam, que afectará a 150 empleados que serán reubicados en otras Consejerías.
En rueda de prensa, Carmen Campoy (UGT), Ramón González (CC.OO.) y Gustavo Fabra (STES) han informado sobre la mesa de negociación de la Administración Pública que se celebró ayer, 13 de febrero, y durante la cual, según han subrayado, el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, afirmó que los trabajadores de la Junta «no se hernian» en su trabajo.
En la mesa de negociación la Junta presentó a los representantes de los trabajadores el cierre de las oficinas provinciales de prestaciones del Sescam -que atienden asuntos como las listas de espera, la petición de prótesis y la ley de garantía, entre otros-, cuyas funciones pasarán a depender de los servicios centrales del Sescam.
También se abordó la supresión de 100 plazas en el Sescam que afectará, en concreto, a una treintena de trabajadores que serán desplazados a distintas Consejerías.
Los sindicatos consideran «muy grave» que esto suceda al mismo tiempo que el Sescam ha contratado a 10 ó 12 personas ajenas a la Administración para ocupar altos cargos en sanidad, que proceden, según han denunciado, de la sanidad privada.
Según Campoy (UGT), se ha creado en el Sescam una «relación de puestos de trabajo paralela» para cubrir con personal ajeno a la Administración el trabajo que realizaban los funcionarios.
Los sindicatos presentarán un escrito a los consejeros de Sanidad, José Ignacio Echániz, y de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, para que aclaren si se ha contratado a estas personas para realizar las mismas labores que realizaban los funcionarios.
En este sentido, Ramón González (CCOO) ha asegurado que el Sescam es «un caladero de personas que proceden de la sanidad privada» y, en particular, de empresas que pueden optar a gestionar la sanidad en Castilla-La Mancha.
«Estamos hablando de diez o doce altos cargos directivos que vienen de empresas de sanidad para modificar el cambio de modelo de la sanidad en Castilla-La Mancha», ha agregado.
Los sindicatos estudian poder plantear acciones judiciales por esta situación pero al margen de si lo hacen aseguran que «cuanto menos es inmoral desplazar a funcionarios y contratar a altos cargos», ha dicho González.
UGT, CCOO y STES también han criticado tanto el fondo como las formas que se utilizan en las mesas de negociación de la función pública.
Campoy (UGT) ha asegurado que Juan Manuel de la Fuente muestra «un absoluto desprecio» hacia los trabajadores a través de sus representantes y González (CCOO) ha calificado de «burla, insulto y falta de respeto» la actitud que mantiene.
Fabra (STES) ha pedido a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, que tome «medidas» para que exista «un mínimo de diálogo» en la mesa de negociación de la administración pública.
Los sindicatos han hecho una llamada a los ciudadanos para que participen en la manifestación en defensa de los servicios públicos de Castilla-La Mancha que tendrá lugar este sábado en Toledo.