El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha ha informado y denunciado la situación desesperada en la que se encuentran decenas de miles de familias en la región al no poder obtener de la Junta de Comunidades ayudas de emergencia social para satisfacer las necesidades más básicas de la vida cotidiana: comer, vestir, poner la calefacción, pagar facturas de suministros, el alquiler o la hipoteca. Desde esta organización profesional se señala que el año pasado estas ayudas se convocaron muy tarde (15 de junio) y con un presupuesto «ridículo y recortado» (2.416.600 euros), tanto que en menos de un mes estas ayudas desde su convocatoria estaban totalmente agotadas.
En nota de prensa, el colegio recuerda -en relación con las ayudas de emergencia social de la Junta- que se trata de una prestación económica no periódica destinada a atender situaciones de urgente y grave necesidad para afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades alimenticias, de salud y de vestido, gastos de equipamiento, uso y mantenimiento de la vivienda habitual que impidan el desahucio y corte de suministros básicos, cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor.
Asimismo incide en que estas ayudas de emergencia social están destinadas a las personas o familias en situaciones de mayor vulnerabilidad social y que «es inadmisible que en el momento más duro de la crisis la administración regional responda desprotegiendo a la ciudadanía más vulnerable». Asegura que «está constatado que desde el pasado mes de julio de 2012 estas ayudas de emergencia social están agotadas y nadie puede acceder a ellas porque cuentan con un presupuesto ridículo y miserable en la situación actual (2.416.060 euros, lo que supone 300.000 euros menos respecto a 2011)». Para esta organización profesional es lamentable que en el mes de febrero todavía no se hayan convocado estas ayudas de emergencia social para el año 2012 con un presupuesto adecuado «para tanto drama social que se vive dentro del seno de las familias castellanomanchegas».
Desde el colegio argumentan que los trabajadores sociales de los servicios sociales de atención primaria de los ayuntamientos actualmente se tienen que enfrentar especialmente a tres situaciones contradictorias en un momento de gran dificultad y en que los centros, programas y servicios son más necesarios que nunca, pues la demanda de los mismos desde 2008 se ha triplicado, y de manera especial en el año 2012. La primera es que muchos profesionales (casi dos terceras partes) han sido despedidos en los últimos 15 meses y no dan abasto para atender a tanta gente, sobre todo en situación de emergencia social clara y evidente. «Es como si ante una gran epidemia se despidiera a todos los médicos y enfermeros», añade el colegio. La segunda es que desde los servicios sociales a toda esta gente ya no se tiene casi nada que ofrecerles pues casi todas las prestaciones económicas y demás servicios o programas existentes, si no han sido suprimidas, han reducido su presupuesto sustancialmente. Y la tercera, y más importante, es en la situación en que quedan los ayuntamientos, los usuarios y los profesionales ante las incertidumbres y los impagos indefinidos por la Junta de casi todo lo que no se ha recortado o suprimido.
«Los más duro para los profesionales del Trabajo Social que tienen que atender cada día situaciones infrahumanas, escalofriantes y dramáticas es constatar con impotencia cómo la administración no tiene nada o casi nada para atender con la mayor celeridad posible, porque la emergencia social lo requiere, a esas cada vez más numerosas personas y familias que cada día son o van ser desahuciadas, que pasan hambre o están desnutridas, que no pueden poner la calefacción de su casa porque no pueden pagarla, que no pueden comprar leche o pañales o ropa para niños pequeños, que no tienen casi ninguna familia a la que arrimarse porque ellos están en una situación similar, que no pueden comprar los libros de texto o pagar el comedor escolar de sus hijos, tampoco algún medicamento que precisen, así como un alquiler de apenas 200 o 250 euros. A esto habría que añadir todas esas personas en situación de dependencia que tienen reconocida por ley una prestación o servicio y se mueren sin haberla recibido».
Asimismo, al colegio le parece totalmente contradictorio que en los tiempos en que vivimos de tanta necesidad social la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales haya reducido su presupuesto global en dos años en Servicios Sociales un 36,17 por 100 («la consejería con mayor recorte de todas en el presupuesto de 2013») «cuando la demanda de atención social a todas luces se ha disparado». Pero este colegio profesional llama la atención que precisamente se reduzca el presupuesto del sector en sólo dos años en lo que es más necesario que nunca desde que existe la región: atención a la familia y la infancia (71,19 por 100), atención y tutela de menores (23,94 por 100), programas sociales básicos (45,98 por 100), prestaciones económicas individuales (38,31 por 100), atención a la discapacidad (30,06 por 100%), a las personas mayores (24,85 por 100) y a la dependencia (21,06 por 100).
Ante esta situación y en protesta por todo lo anterior, el colegio se ha dirigido a todos sus colegiados para que participen en la II Gran Manifestación Regional en defensa de los Servicios Públicos y en contra de los recortes sociales que se celebrará en Toledo en la mañana del 16 de febrero. Ya por la tarde también les convoca a la cuatro manifestaciones organizadas en nuestra región por Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en las ciudades de Albacete (19:30), Ciudad Real (18:30), Guadalajara (18:00) y Toledo (18:00).