Lo que no lograron en cinco meses -entre las elecciones del 28 de abril y septiembre- lo han hecho realidad en pocas horas: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han llegado a un principio de acuerdo para constituir un «Gobierno progresista de coalición». Ahora tienen que cuadrar ese círculo, porque no será fácil conseguir los apoyos necesarios para investir presidente al líder del PSOE ni tampoco lo será el reparto de las carteras ministeriales. Pero han dado un paso adelante importante, que también es una incógnita, y alejan el fantasma de unas hipotéticas terceras elecciones que serían una catástrofe para todos.

El presidente del Gobierno en funciones y el líder de Podemos han visto las orejas al lobo -en este caso, el lobo era el importante ascenso de la ultraderecha de Vox, que ha pasado de 24 a 52 diputados- y han decidido olvidarse de las duras críticas que se han lanzado mutuamente durante la campaña electoral, para intentar conformar un Gobierno compartido y con el objetivo de beneficiar a la ciudadanía. Además, los dos partidos han perdido votos y escaños respecto a abril. Iglesias se lo dijo a Sánchez la misma noche electoral, tras el recuento de votos, con este mensaje: «Lo que en abril fue una oportunidad histórica ahora es una necesidad histórica».

Olvidar las diferencias y buscar lo que les une

Lo que han firmado el martes día 12 es una declaración de intenciones, con 10 puntos generales que deben desarrollar con propuestas concretas. Y a los partidos de la derecha les ha cogido con el pie cambiado. Nadie puede asegurar ahora si el futuro Gobierno PSOE-Unidas Podemos funcionará bien o no, ni cuánto durará, ni si sus líderes serán capaces de dejar a un lado sus diferencias para centrarse en los problemas de la ciudadanía, ni si olvidarán los egos personales y los intereses partidistas para buscar lo que les une. Eso nadie lo sabe, por mucho que los líderes de la derecha, algún dirigente empresarial y los agoreros habituales se hayan lanzado ya a pronosticar todas las catástrofes posibles sobre este país con ese gabinete progresista de coalición.

De momento, que no cunda el pánico. No se va a hundir España porque el Gobierno tenga ministros y ministras de Unidas Podemos. Hay inscritos, dirigentes y votantes de la formación morada que eran y son contrarios a que este partido forme parte del Ejecutivo y preferirían que hiciera una oposición firme desde fuera, apoyando las propuestas que coincidan con las suyas y planteando otras. Pero ahora, una vez que el resultado de las últimas elecciones generales les ha hecho ver que pueden gobernar en coalición para impedir que la ultraderecha pudiera subir incluso más en otras elecciones, hay que esperar. Y, eso sí, desde el primer momento en que se constituya el futuro Gobierno la ciudadanía tiene que empezar a exigirles que cumplan lo que han prometido.

PSOE y Unidas Podemos han comenzado a negociar el desarrollo del preacuerdo que han firmado, esta vez con la máxima discreción y sin retransmitirlo casi en directo en las televisiones, como ocurrió tras las elecciones de abril. Es muy probable que Iglesias ocupe una de tres las vicepresidencias del futuro Gobierno y que su partido tenga otras tres carteras ministeriales, salvo imprevistos, pero eso aún no lo han concretado.

La sorprendente petición de Inés Arrimadas

Ese preacuerdo ha provocado reacciones de muchos dirigentes políticos, a favor y en contra, y algunas son tan sorprendentes como la de Inés Arrimadas. La que se vislumbra como posible líder de Ciudadanos, tras la justificada dimisión de Albert Rivera, ha pedido a Sánchez que rectifique, que dé marcha atrás en su preacuerdo con Iglesias y que PSOE y PP lleguen a un acuerdo «moderado y constitucionalista» con Ciudadanos. Parece haber olvidado que su exjefe político repetía a diario que no quería nada con Pedro Sánchez e incluso se negó a acudir a La Moncloa las dos últimas veces que el presidente llamó a los líderes de los grandes partidos.

También ha sido llamativa la reacción del líder de Vox, Santiago Abascal, quien nada más conocerse la firma del preacuerdo lanzó este mensaje en las redes sociales: «El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado. Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional».

No sorprende que hable del comunismo bolivariano -como también hace el PP, el partido del que procede Abascal-, pero sí sorprende que se refiera a la convivencia y al orden constitucional. Vox impide que determinados periodistas y medios entren a las ruedas de prensa que convoca en sus sedes, y ha dicho por escrito a sus diputados, en la anterior legislatura, con qué periodistas no deben hablar nunca. Con esos vetos ignora que el derecho a la información de la ciudadanía está protegido en la Constitución como un derecho fundamental -y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas internacionales-. ¿Y su líder dice ahora que va a defender el orden constitucional? Pues puede empezar a hacerlo respetando el trabajo de todos los periodistas y todos los medios, también de los que le critiquen y no le gusten, porque son imprescindibles en democracia.

No parece que vaya a ser fácil el trabajo diario de un Gobierno formado por personas que tienen notables diferencias en determinados asuntos, como han reconocido tanto Sánchez como Iglesias. Pero nadie ha garantizado nunca que gobernar sea fácil, y menos en épocas de cambios e incertidumbre económica. Las dos partes tendrán que ceder en sus planteamientos, mirando siempre a mejorar la vida de la ciudadanía. ¿Serán capaces de hacerlo? Deben intentarlo, porque lo que no hubiera sido tolerable son varios meses más de negociaciones, con el Parlamento paralizado, el Gobierno en funciones a medio gas y la amenaza de unas terceras elecciones a la vuelta de la esquina. De momento, que no cunda el pánico, aunque unos cuantos dirigentes políticos agoreros lo intenten con sus pronósticos de catástrofe.