El Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA ha realizado una encuesta a 882 trabajadores autónomos, distribuida por todo el territorio nacional y teniendo en cuenta la proporcionalidad de autónomos en cada región. De dichas encuestas se puede comprobar como se reduce el dinero que adeudan las Administraciones Públicas a los autónomos y la cuantía desciende, por primera vez desde el inicio de la crisis, de los 5.000 millones de euros hasta situarse en torno a los 4.811 millones de euros (en la anterior encuesta la deuda alcanzaba los 5.510 millones de euros).
El análisis realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA analiza los datos por Comunidades Autónomas, donde se desprende que las Administraciones Públicas (Gobierno Autonómico, Diputaciones, Entes Locales y Empresas Públicas) de Cataluña son las que más facturas impagadas adeudan a los autónomos que trabajan para ellas. La deuda asciende a 796 mill. de euros, un 16,5 por 100 del total de la deuda española con los autónomos.
Las siguientes Administraciones Públicas que lideran este ranking de morosidad con los autónomos son las de: Andalucía (697 millones de euros, un 14,5 por 100 del total de la deuda española), Comunidad Valenciana (661 millones de euros, un 13,7 por 100), Madrid (479 millones de euros, un 10 por 100 del total de la deuda española), Castilla-La Mancha (333 millones de euros, un 6,9 por 100 del total de la deuda española), Murcia (275 millones de euros, un 5,7 por 100 del total de la deuda española con los autónomos) y Castilla y León (267 millones de euros, un 5,5 por 100 del total de la deuda española).
Por lo tanto, las Administraciones Públicas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 54,7 por 100 de la deuda pública con los autónomos y microempresas.
Les siguen, por orden de mayor a menor deuda en los pagos, las Administraciones Públicas (Gobierno Autonómico, Diputaciones, Entes Locales y Empresas Públicas) de: País Vasco (186 millones de euros, un 3,9 por 100 del total de la deuda española), Aragón (187 millones de euros, un 3,9 por 100), Canarias (179 millones de euros, un 3,7 por 100 del total de la deuda española), Galicia (164 millones de euros, un 3,4 por 100 del total de la deuda española), Extremadura (153millones de euros, el 3,2 por 100 del total de la deuda española), Asturias (146 millones de euros, un 3 por 100 del total de la deuda española) e Islas Baleare (139 millones de euros, un 2,9 por 100 del total de la deuda española con los autónomos).
Las Administraciones Públicas de Cantabria, Navarra y La Rioja son las que menos facturas adeudan a los autónomos, con una estimación de 62, 42 y 31 millones de euros, respectivamente, a lo que se suma que según el estudio realizado desde el Observatorio del Trabajo Autónomo también sean, en el caso de Navarra y La Rioja, de las Administraciones que menos tiempo tardan en abonar sus facturas (44 días de media, en el caso de Navarra y 49 en el de La Rioja), únicamente por detrás de País Vasco, cuyo plazo medio de pago de las Administraciones a los autónomos se encuentra en 43 días.
CLM, REDUCE SU DEUDA UN 9,6 POR 100
En relación al último informe presentado por ATA, la deuda que las Administraciones Públicas mantienen con los autónomos se ha reducido un 12,7 por 100, en 699 millones de euros y, como ya hemos apuntado, descendiendo la cuantía por primera vez de los 5.000 millones de euros, hasta situarse en 4.811 millones de euros. Esta reducción de la morosidad se ha producido como consecuencia del la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico unido a la reducción de gastos llevada a cabo por el conjunto de las Administraciones a nivel nacional. De ahí que en todas las comunidades autónomas haya descendido la deuda que tienen con los autónomos.
Cabe destacar el caso de Extremadura, que ha visto descender su deuda un 24,6 por 100, en unos 49,8 millones de euros, hasta situarse en 153 millones de euros. Con una reducción también muy importante se encuentra País Vasco, comunidad cuyas administraciones han reducido la morosidad con autónomos y microempresas en un 21,2 por 100, rebajando la cuantía de facturas pendientes de pago en 50,1 millones de euros.
En el otro extremo, las comunidades cuyas administraciones han reducido menos su morosidad con autónomos son Aragón, que únicamente ha visto descender su deuda un 3,2 por 100 (6,2 millones de euros), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (ambas con un descenso del -3,8 por 100), Canarias (-4,6 por 100), Región de Murcia (-4,7 por 100) y Asturias (-4,8 por100), cuyas administraciones no han logrado alcanzar una reducción del -5 por 100 en el importe de las deudas que mantienen con autónomos.
Castilla-La Mancha ha logrado hacerlo en un 9,6 por 100, lo que supone que han pagado 35,4 millones de euros.
LOS AUTÓNOMOS TARDAN DE MEDIA 148 DÍAS EN COBRAR SUS FACTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Además de reducirse la cuantía que las Administraciones Públicas adeudan a autónomos y microempresas, el plazo medio de pago de las facturas atrasadas también se ha reducido, pasando de los 163 días de media, en el anterior informe, a los 148 días actuales, plazo que continúa la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la UE obligará a la Administraciones en 2013 a pagar en 30 días.
Si desglosamos los tiempos de demora, tres de cada 10 autónomos encuestados desde el Observatorio del Trabajo Autónomo, el 29,1 por 100, tarda en cobrar las facturas emitidas a la Administración más de seis meses, el 54,6 por 100 tarda en cobrar un periodo de entre 90 y 180 días y sólo el 16,3 pro 100 de los autónomos cobra antes de 90 días.
Dependiendo del organismo público al que facturen los autónomos, los plazos del cobro de facturas varían: el periodo medio de pago de la Administración Central a autónomos y pymes (aunque es en esta Administración donde menos trabajo tienen los autónomos) es de 47 días, acercándose a los 30 que establece la Ley, las Comunidades Autónomas pagan de media en 142 días y los Ayuntamientos en 154 días. Es en los Ayuntamientos donde se concentra el mayor volumen de la facturación de autónomos a las Administraciones Públicas.
Al desglosar esos 148 días que tardan, de media, en pagar las Administraciones Públicas, por comunidades autónomas, las Administraciones Públicas (Gobierno Autonómico, Diputaciones, Entes Locales y Empresas Públicas) de Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional. La media del periodo de pago de facturas atrasadas a autónomos y pymes es 153 días en Cataluña y de 152 en la Comunidad Valenciana.
Por encima de la media nacional – 148 días – también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 151 días, Asturias y la Región de Murcia, ambas con 150 días de espera de las deudas que las Administraciones Públicas tienen contraídas con ellos y Castilla-La Mancha, comunidad cuyas Administraciones contemplan una medida de 149 días en pagar a sus proveedores autónomos y microempresarios.
Con periodos medios de pago inferiores a la media nacional se sitúan: Canarias (136 días), Aragón (131 días), Cantabria (125 días), Islas Baleares (124 días), Extremadura (122 días) y Castilla y León (113 días).
Con un periodo de retraso en los pagos las Administraciones Públicas (Gobierno Autonómico, Diputaciones, Entes Locales y Empresas Públicas) inferior a 100 días se encuentran: Comunidad de Madrid (83 días), Melilla (74 días), Ceuta (69 días) y Galicia, con un tiempo de espera medio de 49 días. Por su parte, las Administraciones Públicas de La Rioja (49 días), Navarra (44 días) y País Vasco (43 días) son las que menos tardan en pagar a autónomos y pymes y las que más se acercan a los plazos que establece la Ley de Morosidad.
«A pesar de que es una buena noticia que se reduzca la morosidad pública con los autónomos y los periodos de pago, a menos de un mes de que entre en vigor la directiva europea que establece sanciones a quien incumpla los plazos de pago establecidos por Ley, aún estamos muy lejos de alcanzar lo que nos marcan desde Europa», señala Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.
Por ello, y para intentar poner freno a un problema tan grave para el colectivo de autónomos como es la morosidad, que continúa obligando a echar el cierre a cientos de autónomos cada día, y donde las Administraciones Públicas continúan siendo una fuente de destrucción de empleo, autónomos y empresas, desde ATA pedimos al Gobierno cumpla la promesa que realizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relativa a que el autónomo que tenga dificultades para cobrar una factura de una administración pueda acudir directamente a Hacienda para que se la paguen. Luego será el Estado quién le descuente el importe a ese ayuntamiento o comunidad autónoma de su participación en los ingresos públicos.
Además resulta imprescindible, como ya han reclamado en numerosas ocasiones desde ATA, que el Gobierno permita al autónomo compensar las deudas que tenga con Hacienda o con la Seguridad Social con las facturas impagadas que a su vez mantenga una administración con él; o bien, que pueda obtener un aplazamiento automático en sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.
«Es inconcebible que la Ley de Morosidad continúe sin un régimen sancionador. De nada sirve la norma si, al que la incumple, no se le aplica una penalización ejemplarizante», añade Lorenzo Amor, Presidente de ATA.
Para poner coto a la morosidad privada, «del mismo modo que se exige a una empresa que cobra del sector público estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, se debe de exigir que también que esté al corriente de pagos con toda la cadena de subcontratación, donde se encuentran gran cantidad de autónomos», señala Lorenzo Amor.
En cuanto al Fondo de Liquidez Autonómico, uno de los pilares que ha permitido reducir la morosidad de las Administraciones Públicas con autónomos y microempresas, Lorenzo Amor, Presidente de ATA, considera que éste «debe servir para que las comunidades autónomas y también los ayuntamientos paguen las facturas que adeudan a sus proveedores. Por ello, una parte de estos fondos deberían estar dirigidos obligatoriamente a reducir la morosidad».
Finalmente, ATA considera necesario que se ponga en marcha con la mayor brevedad posible un nuevo Plan de Pago a Proveedores que al menos cubra la parte de los servicios que los proveedores ofrecían a los ayuntamientos a través de las mancomunidades y las facturas de ayuntamientos que no se acogieron al anterior programa de pagos como son Navarra, País Vasco y Galicia. Aunque desde luego, sería bueno ampliarlo a las deudas que se quedaron sin abonar del Plan anterior.