«Los ayuntamientos de Cuenca se encuentran ya dentro de los límites que impondrá el Gobierno con la Reforma de la Administración Local», ha indicado el presidente de la Diputación y del PP, Benjamín Prieto, que ha defendido el avance en la definición de competencias municipales que supondrá esta normativa. Según el informe que aprobó el viernes el Consejo de Ministros, el sueldo de los alcaldes se establecerá en función de la población y tendrá como tope los 100.000 euros brutos anuales que cobra un Secretario de Estado y, además, se limita también el personal eventual o los concejales liberados.
De esta forma, el alcalde de Cuenca no podrá cobrar más de 65.000 euros brutos anuales (un 35 por 100 menos que un secretario de Estado), y lo mismo tendrá que cobrar el presidente de la Diputación.
El primer edil conquense, Juan Ávila, cobró 55.700 euros brutos en 2012, mientras que el sueldo bruto anual de Prieto establecido en el pleno orgánico es de 56.500, y tampoco cobró el año pasado la paga extraordinaria de Navidad, por lo que ambos están por debajo del tope máximo que establece la normativa.
«En el caso de la Diputación solo tenemos cuatro eventuales entre el equipo de Gobierno y la oposición, y al tener 25 diputados podríamos llegar hasta 12», ha dicho en rueda de prensa Prieto, quien entiende que todas las entidades locales de Cuenca se mueven dentro de los límites marcados por el Gobierno central.
También el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca, Dario Dolz, ha indicado en rueda de prensa que su Corporación cumple «sobradamente» con las medidas que quiere establecer el Gobierno.
Dolz ha recordado que el equipo de Gobierno tiene cuatro ediles eventuales y la nueva ley les permitiría tener hasta 12, o que el número de liberados en 2013 será la mitad (7,5) de lo que establece la normativa, que al Ayuntamiento de Cuenca le permitirá tener hasta 15 liberaciones.
Por otro lado, el presidente del PP ha querido tranquilizar a los responsables de las mancomunidades y ha subrayado que no desaparecerá ninguna que tenga las cuentas en orden y preste servicios eficaces.
«No desaparecerá ninguna mancomunidad que esté cumpliendo y prestando servicios eficientes y que respondan a lo que los ciudadanos merecen, pero sí se hará el proceso de evaluación y si no lo superan serán disueltas», ha señalado Prieto, quien ha aplaudido que esta regulación venga a reforzar el papel de las diputaciones.
Prieto ha subrayado que las diputaciones prestarán los servicios que no puedan prestar los ayuntamientos de menor tamaño, mientras que los consistorios tendrán definidas una competencias mínimas y si no las cubren no podrán abordar las impropias.
AL PSOE NO LE GUSTA LA REFORMA
Sin embargo, la reforma no ha gustado nada a la secretaria de Política Municipal del PSOE de Castilla-La Mancha, Carmen Torralba, quien ha estimado que «no es más que un paso previo a la privatización de los servicios municipales».
En nota de prensa, Torralba ha criticado que se quiten competencias a los ayuntamientos, elegidos por los ciudadanos, para dárselas a las Diputaciones, que eligen los partidos políticos.
Ha lamentado que los pueblos más pequeños vayan a perder autonomía y que se esté buscan la privatización de servicios públicos rentables.