Las Cortes regionales han aprobado, con el voto a favor de PSOE y Cs y la abstención del PP, la propuesta del grupo socialista de que el Gobierno regional suscriba un convenio con el Ejecutivo central para financiar la construcción y mejora de Casas Cuartel en la región, con la condición de que el Estado incremente la plantilla de efectivos en Castilla-La Mancha.

También ha salido adelante por unanimidad de los tres grupos parlamentarios la propuesta de resolución de Cs de instar al Gobierno nacional a la equiparación salarial «total y efectiva» de las Fuerzas de Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos y a cubrir las tasas de reposición, así como a dotar presupuestariamente la mejora de infraestructuras y los medios y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La ruralidad, la educación de los hijos de los guardias civiles…

Por el contrario, el voto en contra del PSOE y la abstención de Ciudadanos han tumbado la propuesta del grupo popular, que ha solicitado un complemento de ruralidad para hacer «más atractivo» ser agente de la autoridad en el mundo rural.

En concreto, el PP planteaba ofrecer condiciones preferentes para la educación de los hijos de los agentes, como ayudas para sufragar gastos de comedor o del transporte escolar o becas para estudiar en Castilla-La Mancha.

Asimismo, abogaba por establecer un paquete de ayudas al alquiler o a la rehabilitación de viviendas para ayudar a fijar población, además de becas al transporte urbano e interurbano y ayudas especiales para personas a su cargo.

«Los verdugos se han convertido ahora en abogados defensores», dice Ruiz Molina

Durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, que se ha celebrado este jueves, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que este debate general tenía dos objetivos: atacar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y «meter miedo» a los empleados públicos «amenazando» con que los agentes no van a cobrar la tercera parte de la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.

Ruiz Molina ha recordado lo que «sufrió» la Policía Nacional y la Guardia Civil en esta comunidad autónoma durante el mandato del PP y ha señalado que «los verdugos» se han convertido ahora en «abogados defensores».

Ha remarcado que los ‘populares’ traen a las Cortes este tipo de debates «de manera partidista y por demagogia» y les ha afeado que hablen de despoblación y que propongan un plus de ruralidad para los agentes cuando durante los cuatro años de gobierno del PP en la región se cerraron escuelas rurales y se eliminaron becas de comedor y ayudas al transporte.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, quien ha tildado de «bochornoso» que se haga un «uso partidista» de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ha resaltado que el Gobierno de España se ha comprometido a realizar el tercer pago correspondiente a la equiparación salarial y que Castilla-La Mancha no tiene puestos vacantes, sino que desde el año 2011 hay 600 efectivos menos.

También ha criticado que la tasa de reposición del PP fuera «cero», mientras que en la actualidad es del 115 por ciento en Policía Nacional y del 128 por ciento para la Guardia Civil.

El temor de Paco Núñez y la equiparación salarial

Por su parte, el presidente del grupo popular, Paco Núñez, ha mostrado su temor por la posibilidad de que el nuevo Ejecutivo deje sin pagar la tercera parte de la equiparación salarial, acordada en marzo de 2018 entre el Gobierno central y las asociaciones y sindicatos.

Núñez también ha incidido en que la despoblación está haciendo que los pequeños municipios se queden sin servicios y medidas de seguridad, por lo que ha reclamado un «plus de ruralidad» para los agentes.

Carmen Picazo, la falta de efectivos y no cubrir las bajas

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha considerado «de justicia» reconocer la labor de Policía Nacional y Guardia Civil y ha hecho hincapié en que, además de la equiparación salarial, hay otras cosas que mejorar, como las dificultades que tienen las mujeres para conciliar vida familiar y laboral, debido a los turnos y horarios.

Picazo también ha denunciado la falta de efectivos y que no se cubran las bajas y ha dicho que la oferta de empleo público «no soluciona el problema».