El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha condenado al Grupo del PSOE en la Diputación de Guadalajara al pago de 1.000 euros en costas a la Corporación que entonces gobernaba el PP al entender que el abandono del Grupo Ciudadanos dYolanda Ramírez para permanecer como diputada no adscrita, no supuso onerosidad para el erario de la Institución ni fue transfuguismo, según el PP.
La sentencia sobre el recurso interpuesto por el entonces portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Julio García, contra los acuerdos adoptados por anterior Gobierno de la Diputación (PP) en relación con la exdiputada no adscrita, ha sido dada a conocer por el entonces presidente de la Corporación y hoy diputado provincial, el ‘popular’ José Manuel Latre, acompañado por la exdiputada no adscrita y concejal en el Ayuntamiento de El Casar.
Fundamentos del fallo
En la sentencia, dada a conocer por los convocantes de la rueda de prensa, se recoge literalmente que «el hecho de que Ramírez dejase de formar parte del Grupo de Ciudadanos y pasase a ser diputada no adscrita no implicó alteración alguna del régimen de mayorías en la Comisión Informativa de la que formaba parte en su momento, ni ha supuesto el disfrute de ningún derecho de participación política distinto de los que ya tenía o un aumento o mejora de sus retribuciones».
La misma añade que, además, «el grupo político al que pertenecía acabó desapareciendo al ser su única integrante, lo que no hace posible concluir que tal actuación tenga encaje entre las que se vienen considerando de transfuguismo».
Yolanda Ramírez no fue tránsfuga
Desde el PP han recordado que el PSOE interpuso un recurso judicial en base al «transfuguismo en la Diputación» y para parar un «acuerdo ilegal, ilegítimo e indecente» porque estaban convencidos de que se incumplía la ley, el Reglamento de Diputación y el Código de Buen Gobierno llegándose a hablar incluso de «compra de voto», algo que la sentencia del TSJCM niega ahora según Latre y Ramírez.
Ambos han coincidido en que dicha sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, demuestra la «cacería política e interesada» del PSOE y también de los responsables de Ciudadanos en la provincia, quienes a juicio de ambos «deberían pedir perdón por todas las barbaridades que dijeron y todo el daño causado».
«Varapalo judicial para el PSOE y Cs»
Ambos han coincidido igualmente en que se trata de un «nuevo y duro varapalo judicial para el PSOE y Cs», que demuestra que ni hubo transfuguismo, ni la entonces diputada pasó a cobrar más, ni tampoco hubo ningún tipo de pacto de Gobierno entre PP y Ramírez, como denunció el PSOE en ese momento en la institución.
Según han incidido, la justicia les ha dado la razón, por segunda vez, Ramírez ha recordado como, desde Ciudadanos, el entonces delegado de la formación en Castilla-La Mancha y actual secretario de Organización, Alejandro Ruiz, llegó a amenazar con acudir a los tribunales, calificándola de tránsfuga y hablando tanto desde la formación naranja como desde el PSOE de «apaño» entre ella y el PP, de vulneración del Pacto Antitransfuguismo y de «atropello y fraude democrático».
Ante los reproches tanto del PSOE como de Cs al PP por «gobernar en la Diputación con una tránsfuga de Ciudadanos», Latre ha respondido que nada más lejos de la realidad porque gobernaron sin apoyo de nadie, ya que fue el partido más votado y no fue necesario el voto de la diputada Ramírez para la investidura, que se abstuvo.
Ambos han insistido en que tanto en vía administrativa como la judicial les ha dado la razón sobre que el equipo de Gobierno de la Diputación, del Partido Popular, actuó correctamente en todo momento, han concluido.