El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adoptado diferentes medidas en política de vivienda que tienen como objetivo ayudar a las familias que han sido desahuciadas, tal y como ha informado la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha tenido lugar hoy miércoles.
Puesto que hay un importante stock de viviendas protegidas y pública que no están ocupadas en la comunidad autónoma, ha recalcado De la Calzada, «se van a flexibilizar los requisitos para acceder a esas viviendas protegidas». De esta forma, si antes el proceso para acceder a esa vivienda duraba entre uno y tres años, «ahora ese tiempo será menor; y los precios de venta quedarán congelados durante la tramitación de ese procedimiento».
También se aprobará una primera orden para establecer cupos en las viviendas protegidas de la Junta «con el fin de que se bloqueen las viviendas necesarias para las familias que lo demanden». En un principio será el 10 por 100 del stock actual; en definitiva, habrá 80 viviendas disponibles para tal fin, «y no es un cupo cerrado, sino que se podrá ampliar atendiendo a las demandas que tengamos».
Habrá una segunda orden, que será la del registro de la vivienda, puesto que para inscribirse para optar a una de ellas «bastará con una declaración responsable y sin necesidad de presentar la documentación que se exigía hasta ahora, que era numerosa». La documentación se presentará, pero no de forma urgente, y se comprobará después, «cosa que se hacía anteriormente con una empresa externa y suponía un coste de 2,2 millones de euros, pero ahora lo hará la Consejería de Fomento».
«TENEMOS QUE DINAMIZAR EL MERCADO DEL ALQUILER, HABRÁ TRES MILLONES EN AYUDAS»
La segunda de las medidas adoptadas al respecto será la de las ayudas para el alquiler, por lo que habrá una convocatoria dotada con tres millones de euros.
«Creemos que la política de vivienda que se ha seguido hasta ahora tiene que cambiar, porque era una política sólo de construcción de viviendas para venta, sobre todo en 2008 y en 2009, cuando la burbuja caía; y era para venta, no atendía las necesidades de los ciudadanos».
Por eso la orden de ayuda para el alquiler, «queremos dinamizar el mercado, puesto que tenemos un gran stock de viviendas vacías para que accedan a ellas quienes tienen un menor nivel de renta», además de que se favorecerá la movilidad laboral.
Quienes pretendan acceder a esas ayudas deberán cumplir unos requisitos. Por ejemplo, no podrán ser beneficiarias aquellas familias con un patrimonio superior a los 110.000 euros y se calculará la renta por todos los miembros de la unidad familiar.