La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará desde el próximo martes a un hombre, que responde a las iniciales de C.A.J.S., acusado de un delito de agresión sexual contra una joven en Valdepeñas (Ciudad Real) y para el que el ministerio fiscal pide una pena de 14 años de prisión.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, se considera probado que la víctima, cuando se encontraba en el interior del salón de juegos «Jocker» de Valdepeñas, conoció y entabló conversación con el procesado, que se encontraba en compañía de otros dos amigos.
En un momento determinado, la víctima, junto al procesado y los dos amigos abandonaron el local, dirigiéndose voluntariamente hasta el domicilio de él, donde una vez en el interior consumieron alcohol y drogas (marihuana y cocaína).
Tras abandonar el domicilio los dos amigos del procesado, éste intentó mantener relaciones sexuales en el sofá con la víctima sin conseguirlo, al expresar ella abiertamente su negativa y oposición.
Así las cosas, el acusado persistió en su ánimo libidinoso y a fin de satisfacer su deseo sexual, intentó nuevamente, esta vez dentro de uno de los dormitorios de la vivienda, mantener relaciones con ella, a lo que de nuevo se negó.
Ante esta negativa, según el escrito de fiscalía, C.A.J.S. cogió a la joven fuertemente del cuello y la tiró sobre la cama, tapándole la boca con una de sus manos para que no gritara, procediendo acto seguido a agredirla sexualmente.
A raíz de estos hechos, la joven presenta síntomas compatibles con trastorno de ansiedad, ánimo depresivo y trastorno de estrés postraumático, que conllevan importantes inadaptaciones en los distintos ámbitos de su vida; además presenta secuelas tanto a nivel cognitivo, como a nivel psicosomático y social.
Según la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual por el que procede imponer al acusado la pena de 14 años de prisión e inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de cumplimiento de la condena.
También se le prohíbe aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 200 metros, a su domicilio, centro de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por la misma durante 15 años y a comunicarse con ella por cualquier modo durante este tiempo y, por las secuelas, también deberá indemnizar a la víctima con cerca de 32.000 euros.
El fiscal ha pedido que el procesado cumpla las tres cuartas partes de la condena en territorio español y que, una vez cumplida la citada pena o tan pronto acceda al tercer grado del régimen penitenciario, se proceda a la sustitución de la ejecución del resto de la pena por su expulsión del territorio, con prohibición expresa de retornar al mismo en un plazo de 5 años.