Los cinco delegados (uno en cada provincia de Castilla-La Mancha) de las oficinas del SAMI (Servicio de Atención y Mediación Intercultural) se manifestaron ante las puertas de la Consejería de Salud y Servicios Sociales en Toledo para entregarle al consejero del ramo, Ignacio Echániz, sendas «hojas de ruta» de lo que quieren que sea un proceso de mediación de cara a «alcanzar acuerdos entre el Gobierno regional y los profesionales de estos Servicios Sociales», suprimidos por aquel.
Los cinco delegados del SAMI en Castilla-La Mancha, un colectivo de mediadores interculturales que engloba 87 profesionales cualificados, expresaron así su rechazo a la supresión total de un servicio que el nuevo Gobierno regional considera innecesario al considerar que en los últimos años ha mejorado la situación de los inmigrantes y por tanto no necesitarían del mismo.
De esta manera, este colectivo ofrecen sus conocimientos o mediación en resolución de conflictos para poer fin al suyo propio, tras la supresión del SAMI el pasado día 15 de diciembre.
Estos profesionales consideran que, dado que fue la propia Administración regional la que les formó, «invirtiendo gran cantidad de medios, no puede ser esa misma institución la que tire por el desagüe de la crisis tales esfuerzos». Lo argumentan destacando que «un pequeño ahorro hoy puede provocar la necesidad de invertir una suma mayor mañana cuando surjan conflictos sociales entre distintos colectivos por la ausencia de estrategias de prevención».
Este colectivo rechaza el comentario del coordinador de la mencionada Consejería en Cuenca, Carlos Navarro, cuando dijo que «estos servicios se ofrecían en los años en los que los inmigrantes vagaban por nuestros pueblos como zombies, pero ahora ya están integrados y no son necesarios».