Cientos de empleadas públicos de la Junta se han concentrado en la mañana de este miércoles en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha para mostrar su rechazo contra «las prebendas para los altos cargos» con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que acompaña a los presupuestos regionales del próximo año.
La movilización, convocada por los cinco sindicatos integrantes de la Mesa General de la Función Pública, CCOO, CSIF, UGT, FSES y STAS, que representan al cien por cien del funcionariado autonómico, ha dejado patente el profundo malestar que ha provocado entre el personal de la Administración autonómica la iniciativa del PSOE.
Una enmienda «obscena»
La coordinadora del Área Pública de CCOO, Mercedes Gómez, ha señalado en declaraciones a los medios en Toledo que esta enmienda tendrá un importante impacto económico sobre los sucesivos Presupuestos de la Junta, al «incrementar sustancialmente» el Capítulo I (Personal) «en detrimento de todas las demás».
[ze_gallery_info id=»355819″ ]Los responsables sindicales han tachado la enmienda de «obscena, vergonzosa y de lastre futuro para los servicios públicos, para el empleo público y para la recuperación de los derechos de los empleados públicos de la Junta». «Consideramos inaceptable, y cuando menos inoportuna, esta iniciativa parlamentaria del GPS, que supone una burla al personal de la Junta», ha añadido.
«Pero también a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, a la que también se le dice una y otra vez que no hay dinero para ofrecer mejores servicios públicos», ha apuntado la coordinadora del Área Pública de CCOO.
Los representantes sindicales han recordado que la nueva «prebenda» para altos cargos se suma al decreto del personal directivo y la nueva relación de puestos de Trabajo (RPT), que han incrementado tanto el número de puestos de libre designación –reservados para funcionarios– como el de ‘asesores’, así como sus retribuciones, «con un sobrecoste de 5,5 millones de euros».
«Mientras posterga las muchas necesidades de la ciudadanía y relega la recuperación de la calidad de los servicios públicos; el partido que gobierna con mayoría absoluta la región utiliza la vía parlamentaria para conceder privilegios y mejoras económicas a los altos cargos. Se mire como se mire, es impresentable», denunció Gómez.
«Vergonzoso» para UGT CLM
De su lado, el secretario del sector autonómico de FeSP UGT, Luis Manuel Monforte, ha calificado de «vergonzoso» este intento de consolidar el nivel más alto del grupo profesional a los funcionarios que alguna vez hayan sido designados como altos cargos mientras hay una falta grave de personal en sanidad, educación y sector autonómico, ha informado el sindicato en nota de prensa.
En esta línea, ha criticado la desigualdad que se va a crear entre empleados y empleadas públicas desarrollando una administración «cabezona» con muchos altos cargos y pocos puestos base «que son quienes desempañen el trabajo y atienden a la ciudadanía».
De no retirarse la enmienda y no acceder a la negociación en la Mesa General, esta se haría efectiva con la entrada en vigor de los presupuestos regionales y se verá beneficiado cualquier funcionario que haya desempeñado un alto cargo desde 2007. Algo que Monforte tacha de «despropósito» mientras sigue habiendo «graves faltas de personal en centros asistenciales, en centros docentes y en el servicio de salud».
«Carece de justificación», dice el PP
En la concentración que ha tenido lugar en Guadalajara ha participado la diputada regional del PP Ana Guarinos, quien ha asegurado que la enmienda que quiere aprobar el PSOE para establecer «privilegios» para los altos cargos de la Junta «carece de cualquier estudio económico, carece de justificación, rompe el principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública y es una auténtica cacicada de Emiliano García-Page y de todo el PSOE de Castilla-La Mancha».
IU pide dejar «de gastar en ellos mismos»
De su lado, el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha afeado a Emiliano García-Page que anteponga sus intereses a los de la ciudadanía con esta enmienda y le ha pedido que «mire a la ciudadanía, a los más desprotegidos y que deje de gastar en ellos mismos». «Si no hay ayuda de emergencia social, no debería haber tampoco dinero para consolidar estos niveles».