Agustín Yanel
Hay dirigentes políticos y cargos públicos que parecen dispuestos a cargarse el periodismo y a los periodistas críticos con su gestión. Se les llena la boca diciendo que ellos defienden la libertad de expresión y comunicación más que nadie pero, en cuanto pueden, intentan poner en marcha alguna medida contra los medios y los profesionales que, para cumplir con su obligación de informar a la ciudadanía, controlan el trabajo público de esos políticos y son incómodos para ellos. Ocurre en España y en otros muchos países. Y cada vez más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un buen ejemplo. Son muy conocidos sus enfrentamientos con los periodistas: los ha insultado, ha expulsado a algunos de la rueda de prensa cuando no le gustó lo que le preguntaban, retiró la credencial a uno de la CNN y después tuvo que devolvérsela por orden de un juez, no ha permitido a otros preguntarle, ha dicho que los medios en general son «el enemigo del pueblo»… Solo le gusta la cadena de televisión conservadora Fox News.
En otro país con una sólida democracia, el Reino Unido, su recién elegido primer ministro, Boris Jhonson, ha ordenado que ninguno de sus ministros acuda al programa Today, de Radio 4, una de las emisoras de la prestigiosa cadena BBC (como hace en España el partido de ultraderecha Vox, que veta a determinados medios en las ruedas de prensa en sus sedes). Hasta ahora, en ese programa entrevistan cada día al ministro que está más de actualidad en ese momento o al que se enfrenta al principal problema, que se someten a las preguntas de los profesionales en beneficio de la transparencia de la información.
La BBC, un modelo envidiado de radiotelevisión pública independiente
Cada vez que se habla de una radiotelevisión pública que ofrezca un buen servicio a la ciudadanía, los periodistas de todo el mundo miran con envidia a la BBC como el mejor modelo de imparcialidad e independencia del Gobierno. Pero eso cuesta mucho dinero y, por ello, cada ciudadano está obligado a pagar una tasa anual para su sostenimiento, como un impuesto más. Ahora, Johnson y su equipo han anunciado que revisarán si debe continuar abonando esa cuota, lo que ha sido recibido como una amenaza por la cadena. Hay que recordar que, durante la última precampaña y campaña electoral, la BBC ha recibido críticas tanto de los políticos conservadores como de los laboristas precisamente por informar con imparcialidad y no en beneficio de uno u otro partido.
En España tampoco corren buenos tiempos para el periodismo y el derecho a la información. El Gobierno de Mariano Rajoy convirtió RTVE en un instrumento de propaganda a favor del PP, aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (llamada Ley Mordaza) y otras normas que perjudican a los periodistas (y a otros ciudadanos, por supuesto), con los únicos votos de su partido, y el presidente eludió, siempre que pudo, sus comparecencias ante los periodistas y mucho más los corrillos con ellos, habituales en los pasillos del Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez y su equipo parece que se han apuntado a esa misma práctica. Televisión Española está en su peor momento de pérdida de audiencia, sin Consejo de Administración y con una administradora única –Rosa María Mateo– que fue nombrada para tres meses y lleva ya año y medio en ese cargo porque el concurso público convocado para elegir el nuevo Consejo y la Presidencia de RTVE está paralizado en el Congreso desde hace más de un año. Es urgente que la Cámara Baja concluya esa elección, y el Gobierno y el PSOE deberían impulsarlo y no hablar de la posibilidad de buscar otras vías para esos nombramientos, como ya se escucha en algunos círculos políticos.
Por sorprendente que parezca, el último ataque a los periodistas en España lo ha protagonizado nada menos que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. En un coloquio celebrado en Madrid el 18 de diciembre, ha criticado a los periodistas que cubren la información de La Moncloa porque preguntan mucho, y ha dicho que la mayor parte de esos profesionales son «tertulianos» -como si eso fuera un delito- y tienen una parte de «activistas políticos encubiertos».
Limitar las preguntas a Pedro Sánchez
Dos días después de hacer esas afirmaciones se ha disculpado, mediante un mensaje en Twitter, pero es preocupante que precisamente la persona encargada de organizar la política informativa del Gobierno, para que la ciudadanía esté informada de su actividad con la máxima transparencia, sea quien limite el número de preguntas que se pueden hacer al presidente -solo dos, en una reciente rueda de prensa- o tenga esa idea de los periodistas. Porque si ése es el concepto que el periodista Miguel Ángel Oliver tiene del derecho a la información de la ciudadanía, es de esperar que Pedro Sánchez no cuente con él para continuar en el cargo si llega a ser investido presidente.
La periodista Pepa Bueno ha escrito en El País: «Hay una guerra declarada contra el periodismo. Una guerra que mata allí donde puede matar, que silencia allí donde puede silenciar y que, en todos sitios, busca convertir el trabajo de los periodistas en irrelevante. Van a por la democracia». Así es, porque sin información libre e independiente no existe una democracia plena. ¿Cuándo reclamará la ciudadanía como corresponde que se cumpla su derecho constitucional y humano a recibir información veraz y plural, lo mismo que reclama otros derechos constitucionales como la sanidad o la educación?