Médicos del Mundo denuncia que hay comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, que niegan asistencia sanitaria a personas que la tienen reconocida a pesar de la reforma sanitaria, como los menores inmigrantes, o cobran a las embarazadas por los partos.
Según señala Médicos del Mundo en un comunicado, las comunidades en las que la organización está presente -Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra- proporcionan «numerosos casos de vulneraciones de derechos», aunque también ha recibido denuncias procedentes de otras comunidades.
De hecho, destaca que se han registrado casos de dificultades en el acceso a la atención sanitaria en todas las comunidades, incluso las que se han posicionado en contra de la reforma sanitaria.
Algunas deniegan la atención primaria a menores como Navarra y Castilla-La Mancha, y en esta última se ha cobrado el parto a una embarazada, mientras que un hospital de Madrid ha facturado la atención de urgencias a pacientes crónicos.
Estos son algunos casos que documenta Médicos del Mundo y por los que considera que «no hay voluntad política» para aclarar los «puntos oscuros» del real decreto aprobado por el Gobierno el pasado año, que reformó el Sistema Nacional de Salud (SNS).
En concreto, señala que en Pamplona, el hijo de una familia rumana no fue atendido, mientras que en la localidad toledana de Illescas se negó la atención sanitaria a los hijos de una familia marroquí y en Yepes, en Toledo, a dos niños, de 1 y 2 años, de nacionalidad rumana.
En el caso de Yepes, la administrativa del centro sanitario insistió en que «no tenían derecho» porque ni ellos ni sus padres disponían del Número de Identidad de Extranjero (NIE).
La organización subraya que cuando las personas que no tienen tarjeta sanitaria ven agravarse sus dolencias, en ciertos hospitales son obligadas a firmar un compromiso de pago antes de ser atendidas y días después reciben «abultadas facturas en sus domicilios».
Hospitales como Virgen de la Salud de Toledo, señala Médicos del Mundo, han enviado facturas superiores a 3.000 euros por un parto, cuando las embarazadas deberían tener cubierta completamente la asistencia en el SNS.
Asimismo, indica que el Gobierno de Aragón ha reconocido en una respuesta parlamentaria el cobro efectivo de la atención sanitaria.
En Madrid, centros sanitarios como la Fundación Jiménez Díaz, han facturado, según la organización, la atención en urgencias a pacientes crónicos, a los que el propio centro daba seguimiento desde 2007.
De «especialmente preocupante» califica Médicos del Mundo el que las personas que quedaron fuera de la cobertura sanitaria tras el real decreto tengan que abonar íntegramente el coste de los medicamentos que precisan.