Después de dos años con los mismos Presupuestos, Castilla-La Mancha arranca el nuevo curso con unas nuevas cuentas regionales aprobadas. Unos Presupuestos que cuentan con 10.505 millones y que se aprobaron gracias a los 19 votos socialistas, y tuvieron el voto en contra del PP y Ciudadanos. La mayoría absoluta del PSOE ha permitido que los Presupuestos entren en vigor cuando arranque el nuevo año, después de haber estado dos años con los de 2018, puesto que en este 2019 se prorrogaron los del curso anterior.
El anterior Gobierno de Emiliano García-Page solo pudo aprobar uno de los tres presupuestos que vieron la luz en su mandato antes de que terminara el año. Fueron los Presupuestos de 2018 los que se aprobaron justo a tiempo, unas cuentas que han tenido validez durante dos años, ya que se han mantenido prorrogados en 2019.
En 2020 la Junta de CLM contará con 8.093,1 millones en el presupuesto no financiero, es decir, aquel que deja al margen la amortización de deuda, de los cuales el 71,2 por 100 va destinado a gasto social. Un total de 5.613,4 millones de euros, de los que el 37,8 por 100 va destinado a Sanidad, el 23,3 por 100 a Educación, Cultura y Deportes y el 10,1 por 100 a Servicios Sociales.
También contemplaban un incremento presupuestario de 483 millones, 416 de ellos designados a gasto social. Además, el incremento de personal absorberá el 52 por 100 de ese incremente, 285,7 millones, con lo que la Junta alcanzará un gasto total en personal de 3.406 millones, el 38 por 100 del presupuesto no financiero.
«Expansivo, austero, inversor, responsable…»
El 30 de septiembre presentaba el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 2020 de la Junta el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina. Definió el presupuesto como «expansivo en cuanto al gasto social, por la prioridad que le damos a estas políticas. Es austero en el gasto de funcionamiento de la administración general. Es inversor, por primera vez superamos los 200 millones destinados a infraestructuras de carácter social. Y desde luego es un presupuesto responsable en cuanto a nuestras estimaciones de crecimiento», ha explicado Ruiz Molina. «No deja de ser una manifestación de cumplimiento de los compromisos adquiridos por este Gobierno con los ciudadanos».
Enmiendas a la totalidad
El PP lo tuvo claro nada más conocer las cuentas que el Ejecutivo del PSOE las presentaba: las enmendaría a la totalidad. Más dudas tuvo Ciudadanos que, aunque también terminó presentando una enmienda a la totalidad, precisamente criticó que los populares lo anunciasen al poco tiempo de haberse presentado y defendió que ellos necesitaron más tiempo para analizarlos.
Porque los «populares» ya el 2 de octubre presentaron su enmienda a la totalidad porque al considerarlos «un auténtico fraude», ya que sostenían que «el mapa de ingresos y gasto está trucado». Ciudadanos también achacó su enmienda a la «falta de realismo». Pero poco duraron esas enmiendas porque el 24 de octubre las Cortes de CLM, con los votos socialistas, se rechazaron.
Los Presupuestos continuaron su tramitación y el pleno en las Cortes se desarrolló el 19 de diciembre. Se aprobó en solo un día y no en dos como estaba previsto inicialmente.
Ruiz Molina dijo allí que estas cuentas suponían un «punto y seguido respecto a la legislatura anterior» y defendió que están bien diseñadas «desde el punto de vista «económico, social y financiero».
En el debate presupuestario también se desestimaron las casi 300 enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición -230 del PP y 60 de Ciudadanos-, lo que al final desembocó en el voto en contra de Ciudadanos, ya que se había planteado la opción de la abstención pero no hubo acuerdo entre naranjas y socialistas.
Polémica por la enmienda de exaltos cargos
La polémica más llamativa de toda la tramitación presupuestaria de 2020 está por la enmienda sobre exaltos cargos que presento el PSOE a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.
Partidos políticos en la oposición y sindicatos protestaron enérgicamente contra esta enmienda porque suponían «privilegios» para exaltos cargos de la Junta que volvían a sus puestos en la Función Pública. De hecho, el PP amenazó con llevar a los tribunales esta «tropelía» de enmienda, según expresó Ana Guarinos. Todos los sindicatos con representación entre el funcionariado de la Junta -Intersindical, CCOO, UGT, CSIF y FSES- se manifestaron en contra de esta enmienda a la que tacharon de «indignante» y que veían como «una agresión y un lastre para la función pública». El PSOE por su parte se defendió diciendo que lo único que hacía con la enmienda era eliminar «desventajas» para aquellos funcionarios que decidieron dedicarse durante un tiempo a la política.