La organización Médicos del Mundo ha asegurado que ha constatado unos 200 casos de desatención sanitaria a mujeres embarazadas y menores inmigrantes en Castilla-La Mancha, principalmente en la provincia de Toledo, pese a que se encuentran amparados por la normativa sanitaria.
La presidenta de Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha, Idoia Ugarte, y la coordinadora de inclusión social, Rosa López, han respondido así, después de que el Sescam negara «rotundamente» la semana pasada la denuncia hecha por la organización humanitaria de desatención sanitaria a menores y embarazadas inmigrantes.
Ugarte ha afirmado que la información que manejan «se legitima en sí misma porque procede de la intervención directa» de Médicos del Mundo, que está realizando labores de asesoramiento, acompañamiento y mediación a las personas que se dirigen a ellos.
Son casos que figuran en un informe que ya han presentado en el Registro de la Consejería de Sanidad, dirigido al consejero y al director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
En el informe se detallan los casos de desatención en la región que se recogen en el informe estatal de Médicos del Mundo, a los seis meses de la entrada en vigor del Real Decreto Ley del 24 de abril que reformó el Sistema Nacional de Salud, que establece que se mantiene la asistencia sanitaria a mujeres embarazadas y a menores inmigrantes sin papeles.
Aunque después de la intervención de Médicos del Mundo en los casos que les llegan se consigue que se les preste atención sanitaria, Ugarte ha señalado que no se debe llegar a ese punto porque esos colectivos se encuentran amparados por la ley.
Han señalado que existe mucha desinformación al respecto, tanto por parte de los propios inmigrantes como del personal administrativo sanitario, que desconoce que las embarazadas y los menores tienen cubierta la asistencia sanitaria.
Médicos del Mundo ha certificado que existe una circular del Sescam que se divulgó a finales de enero, aunque la ley entró en vigor en septiembre, en la que se explica cómo actuar con menores y embarazadas inmigrantes, pero aun así se producen casos de desatención, hay mucho desconocimiento, han lamentado.
La organización ha mostrado, por ejemplo, una factura remitida desde el hospital de Toledo a una mujer inmigrante por dar a luz, que supera los 3.000 euros, y aunque el Sescam ha manifestado su intención de anularla, desde Médicos del Mundo todavía no tienen razón de que así haya sido.
La presidenta de la organización humanitaria ha solicitado una reunión con la gerencia del Sescam y ha ofrecido su colaboración para detallar dónde se están produciendo las dificultades.
«Nuestra actitud, lejos de ser irresponsable, es comprometida y solidaria», ha asegurado Ugarte, quien además de reivindicar el derecho a la sanidad de las embarazadas y menores de 18 años que están al amparo de la norma, ha pedido la restitución de la universalidad del derecho a la salud.
Ha considerado que la normativa actual que excluye de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles excepto a las embarazadas y los menores «va en contra de los derechos fundamentales de las personas, es irrelevante en términos de ahorro económico y es irresponsable desde el punto de vista de la salud pública».