Agustín Yanel
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Consejo de Ministros de retrasar unas semanas la subida anual de las pensiones, hasta que se constituya el nuevo Gobierno. Será un recurso inútil, si es que llega a presentarlo, porque los pensionistas cobrarán todo lo que les corresponde dentro de unas cuantas semanas y los magistrados aún no habrán decidido entonces sobre ese recurso, pero al líder del PP eso le da igual: todo vale, incluso declaraciones tan demagógicas como ésta, con tal de oponerse a todo lo que haga Pedro Sánchez.
Casado, como los líderes de los demás partidos de la oposición, debe controlar la actuación del Gobierno -del actual en funciones y del próximo- porque es su obligación. Debe criticar lo que no le guste y hacer lo que considere mejor en cada caso. Pero debería hacerlo con seriedad y con el sentido común que se espera de alguien que aspira a gobernar, hablando de los problemas reales de España y su ciudadanía y no perdiendo el tiempo con recursos al Tribunal Constitucional por un retraso de unas semanas en el cobro de la revalorización de las pensiones. Esto, por mucho que lo repitan él y otros dirigentes de su partido, no es un problema para nadie.
Mariano Rajoy modificó el método de revalorizar las pensiones
Las pensiones subían cada año lo mismo que el Índice de Precios de Consumo (IPC), para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo, hasta 2013. Ese año, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó ese sistema y, desde entonces, se han incrementado sólo un 0,25 por 100 anual. Hace unas semanas, el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez decidió volver al método anterior y anunció que en enero de este año 2020 subirían un 0,9 por 100, lo mismo que el IPC.
Pero en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre decidieron que, como el Gobierno se encuentra actualmente en funciones, no debe adoptar decisiones presupuestarias que puedan comprometer al siguiente Gobierno, como ocurriría si aumenta las pensiones un 0,9 por 100 cuando está en vigor una ley que las revaloriza sólo el 0,25 por 100. Así recomienda actuar la Abogacía del Estado y así se ha hecho siempre en casos similares. Eso suponía que el 1 de enero las pensiones debían subir el 0,25 por 100 que prevé la ley de 2013 y poco después, cuando se constituya el nuevo Ejecutivo, se incrementarían en el 0,65 restante hasta llegar al 0,9 por 100 anunciado; en ambos casos, cada pensionista recibiría una carta en su domicilio explicándole el incremento.
Ante esa situación, el Gobierno decidió retrasar la subida de las pensiones hasta el momento en que se constituya el próximo Gobierno y, entonces, llevar a cabo el incremento del 0,9 por 100 de una sola vez, pero con carácter retroactivo desde el día 1 de enero. Además, así se evita tener que enviar dos cartas y hacer dos ingresos a cada persona jubilada con solo unas semanas de diferencia. En definitiva, que lo único que se produce es unas semanas de retraso en el cobro de ese incremento, que será de unos ocho euros mensuales para la pensión máxima y menos de dos euros para las pensiones mínimas de jubilación.
Entre dos y ocho euros de subida mensual
Seguro que a ningún pensionista le producirá un perjuicio serio tardar unas cuantas semanas más en recibir en su cuenta bancaria esos dos o esos ocho euros de aumento de su pensión, porque van a cobrar lo que les corresponda desde el día 1 de enero. Pero el líder del PP, Pablo Casado, no ha podido resistir la ocasión de utilizar políticamente este asunto y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional ese acuerdo del Consejo de Ministros.
Lo que deberían hacer Casado, su partido y los demás grupos parlamentarios, cuando el Congreso empiece a trabajar el serio tras el largo periodo que lleva de inactividad, es exigir al Gobierno que blinde las pensiones en la Constitución, como vienen exigiendo desde hace tiempo decenas de miles de personas y distintas organizaciones, entre ellas la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), una plataforma integrada por más de 300 organizaciones de todo tipo, entre otras la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP).
La Constitución solo dice que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad». Pablo Casado y otros políticos pueden plantear iniciativas para que se incluya en la Carta Magna un artículo en el que se garantice de manera expresa que ningún gobierno podrá recortar o privatizar el sistema público de pensiones, ya sea total o parcialmente; que no perderán poder adquisitivo (pueden revalorizarse según el IPC pero perder con copagos o subidas de impuestos o de servicios básicos), y que sean reconocidas como un derecho fundamental.
Las pensiones públicas no deberían ser utilizadas por la oposición como un arma política contra el Gobierno. Pero, visto lo que viene haciendo y diciendo el líder del PP y otros dirigentes de la derecha, este deseo es como pedir peras al olmo: nunca se va a cumplir. Así marchan las cosas.