El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Ramón Fernández, propone una reforma constitucional que pasaría, entre otras cuestiones, por reducir el número de comunidades hasta un máximo de 13, que incluye la unión de Castilla-La Mancha y Madrid.
Así consta en su informe «La España de las Autonomías: un Estado débil devorado por diecisiete ‘estaditos'», que ha presentado el autor junto con el ex ministro de Administración Territorial, Rafael Arias-Salgado, y el presidente de la Fundación Transición Española, José Luis de Zavala.
En este documento de trabajo de la fundación, el catedrático apuesta por consensuar un nuevo modelo de organización territorial que «asegure un período de paz y prosperidad», como el que se ha «disfrutado en los últimos 35 años».
«Las cosas han ido demasiado lejos. El Estado de las Autonomías se nos ha ido de las manos y con él se ha volatilizado también el crédito internacional», sostiene el catedrático en el texto, en el que pide una «reforma a fondo del modelo territorial» y de la Constitución.
En primer lugar, se debería reducir el número de autonomías hasta 13 como mucho «porque no tienen ningún sentido unidades tan pequeñas y con una población tan reducida como algunas de las comunidades actuales», precisa el autor en el texto.
Estas autonomías serían: Galicia, País Vasco, Cataluña, Navarra, Aragón, Castilla la Vieja (Santander, Burgos, Logroño, Soria, Valladolid, Palencia, Segovia y Ávila), Castilla la Nueva (Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete), la Comunidad Astur-Leonesa (Asturias, León, Zamora y Salamanca), Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, Canarias, y Baleares.
El catedrático ha defendido durante la presentación la vertebración del Estado a través del sistema autonómico, pero ha insistido en la necesidad de esta reducción: «Diecisiete autonomías es un disparate».
El documento aboga además por incluir directamente en la Constitución el reparto competencial, sin dejarlo a expensas de los estatutos de autonomía, y prescindir de las leyes de transferencias porque «estimulan la voracidad de los líderes periféricos».
Esta reforma se tendría que completar con un «nuevo régimen local» porque no es «sensato hacer gravitar sobre el ciudadano cuatro y hasta cinco administraciones territoriales» y «mantener artificialmente 8.000 municipios, de los cuales la inmensa mayoría carece de viabilidad».
Esto no quiere decir, agrega el texto presentado, que haya que suprimir de «un plumazo» la mayoría de los ayuntamientos como corporaciones representativas.
Según el catedrático, se debe optar como base del régimen local las provincias y las diputaciones, que deberían hacerse cargo de la prestación de servicios de los municipios con menos de 20.000 habitantes.
En la revisión del modelo territorial, hace hincapié en que la reforma de la Carta Magna tendría que establecer las bases de la Hacienda Estatal y de las autonómicas.
Pero, añade el catedrático, todo esto «no serviría de nada si se mantuviera un sistema electoral que tiende a dar la llave de la mayoría gubernamental a las fuerzas nacionalistas y/o regionalistas».
El autor entiende que «no tiene sentido, ni justificación tampoco que partidos de ámbito nacional que concurren a las elecciones en todo el país y obtienen más de un millón de votos» tengan que conformarse con una «representación mínima» en las Cortes.
Para llevar a cabo esta reforma de la Constitución es «imprescindible» el consenso de los grandes partidos, según el documento de Fernández, que espera que el sentido de Estado de los «líderes de los partidos de ámbito estatal se termine imponiendo y que entre todos acierten a reorientar el Estado de las Autonomías».
Reclama estos cambios en el informe porque, a su juicio, España hoy «son 17 ‘estaditos’ yuxtapuestos, todos ellos muy pretenciosos y muy orgullosos también de tener todo lo que el propio Estado tiene».
En el prólogo, Arias-Salgado señala la necesidad de abrir un «debate serio, académico y político» sobre la reconducción de la organización del Estado.
Arias-Salgado ha subrayado durante este acto que no pone en cuestión el Estado de las Autonomías, pero ha reclamado un cambio constitucional, que no requeriría de la disolución de las Cortes, para poder perfeccionarlo ante la crisis que vive en tres dimensiones: institucional, funcional y económico.